Legisladores porteños de la oposición adelantaron este martes que pedirán informes a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por la medida implementada por el Consejo Social local que dispone la difusión, a través de carteles exhibidos en los hospitales públicos, de la línea denominada «0800-Vida» para la atención de personas gestantes.
«Es una línea telefónica antiderechos, que será atendida por militantes contra el derecho al aborto», denunciaron.
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📢 Rechazamos que las iglesias gestionen políticas públicas
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«Es un enorme retroceso y es muy preocupante», sostuvo la diputada del Frente de Todos Victoria Montenegro sobre la política que comenzó a regir en los centros de salud de la red pública de la Ciudad de Buenos Aires.
La línea en cuestión, se trata de una línea de atención telefónica en los hospitales porteños para mujeres embarazadas, atendida por una red de organizaciones no gubernamentales (ONGs) vinculadas a la “defensa de las dos vidas”.
Según Cynthia Hotton, recientemente incorporada al Gobierno de Larreta, el objetivo es dar “contención en los hospitales públicos para aquellas mujeres que transiten un embarazo vulnerable”.
La oleada de rechazo también incluyó a Amnistía Internacional y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, quienes junto a los legisladores, demandaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los alcances y detalles de un convenio firmado con la Fundación Vida en Familia, que coordina la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer Embarazada integrada por 400 ONGs de todo el país.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto declaran que “esta estrategia, que desde el discurso se centra en la existencia de la Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” conocida como “Ley 1000 días”, de hecho privatiza las políticas públicas dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas que militan en contra del derecho al aborto, e incluye en todos los hospitales públicos porteños la difusión de cartelería color celeste de un “0800 VIDA”
El planteo de Amnistía Internacional también hace foco en el “corrimiento” del Estado de la ejecución de las políticas públicas. “Desde Amnistía Internacional nos preocupa que el Gobierno de la Ciudad pudiera delegar en organizaciones confesionales y religiosas la ejecución de políticas públicas, de manera tal que ponga en riesgo derechos humanos conquistados”, señalaron.
