La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles un pedido a los jueces del Tribunal Oral Federal N°5 para que dicten su sobreseimiento junto con el de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Entre los argumentos del pedido, alegaron la «inexistencia del delito» respecto de las maniobras de lavado de dinero que se investigan.
El documento, firmado por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostiene que la vicepresidenta y sus hijos deben ser sobreseídos del proceso junto con Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner, y de su pareja, Patricio Pereyra Arandía.
«Por estricta aplicación del principio de la ley penal más benigna, las conductas atribuidas a nuestros asistidos no se encontraban sancionadas penalmente a la fecha de su supuesta comisión», escriben los defensores. Además, el documento enviado al Tribunal considera que fueron «injustamente acusados» al expresar que en el caso hubo una «falta de afectación al bien jurídico tutelado por el artículo 303 del Código Penal».
Dicha presentación se da en un contexto que parece favorable para la situación judicial de la vicepresidenta. Es que en abril de este año los jueces del TOF N°5 decidieron hacer lugar a un pedido de la defensa y, luego de cuatro años, le devolvieron a la familia Kirchner el control de los hoteles Los Sauces, Hotesur y la administración de la sucesión de bienes del expresidente Néstor Kirchner.
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Los abogados consideraron que las conductas por las que se acusa a la vicepresidenta y al resto de las personas involucradas presentan «manifiesta atipicidad». En otras palabras, argumentan que no hay ningún artículo del Código Penal que las sancione.
«Si se tiene en cuenta que todo el dinero correspondiente a los contratos de locación investigados siempre se movió dentro del circuito financiero e institucional, que dichos fondos fueron debidamente contabilizados, que los balances de las sociedades involucradas fueron auditados por empresas de prestigio internacional y, además, que se tributaron todos los impuestos pertinentes, es jurídicamente insostenible la hipótesis de lavado de activos», explicaron.
Por otro lado, indicaron que «la justicia competente ya ha establecido, con carácter de cosa juzgada, la legalidad de los mismos hechos que aquí se califican como los ilícitos previos de una maniobra de lavado de activos».
Hay una idea de que las cosas suceden porque sí, que caen del cielo. Y no, no es así.
Finalmente, cuando uno es perseverante, cuando tiene convicciones, y, sobre todo, cuando no baja los brazos, las cosas, tarde o temprano, siempre llegan. pic.twitter.com/MdGqumkjmJ
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 18, 2021
Cabe mencionar que la causa se inició tras una denuncia que apuntaba hacia la supuesta existencia del delito de lavado de activos en más de 100 millones de pesos entre 2009 y 2013. Entre los episodios investigados por la Justicia está la presunta contratación de habitaciones por parte de empresas del Grupo Austral, de Lázaro Báez, que nunca se utilizaron.
A partir de ahora, la atención queda puesta sobre la determinación que tomen los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, que ya le pidieron opinión al fiscal Diego Velasco y a la querella. Lo que ocurra, en caso de ser apelado, deberá entrar a revisión de la Cámara Federal de Casación.
