El abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, solicitó la suspensión del juicio oral y público que se lleva adelante en su contra por supuesto fraude en la obra pública.
Beraldi realizó cinco planteos en el comienzo de la segunda etapa del juicio. En sus objeciones, solicitó al tribunal que este no sea un juicio político y afirmó: «Nosotros estamos para hacer un juicio jurídico. Si quieren hacer un juicio político, para eso está la ciudadanía, que gracias a Dios en unos meses va a votar».
También el letrado señaló que «a Cristina Kirchner se la persigue de manera reiterada y absurdamente» y estableció que en las distintas causas a la senadora se la acusa de una misma asociación ilícita y por lo tanto no puede juzgarse cada una por separado: «No puede avanzar este juicio cuando hay causas dispersas donde se investiga la misma asociación ilícita», explicó. En esa línea, otra objeción fue que hay otros 10 acusados elevados a juicio pero que no están dentro del proceso, lo que entendió Beraldi como una vulneración a todos los acusados.
A su vez, entre otro de sus argumentos, apuntó que el juicio se inició cuando hay cuestiones pendientes de resolución, lo que prohíbe el Código Procesal Penal de la Nación. Una de ellas es la instrucción suplementaria y puntualmente la crítica a un peritaje sobre cinco de las 51 obras que se juzgan en el caso.
También está apelada y pendiente la competencia del tribunal, un pedido de cosa juzgada ya que 49 obras fueron analizadas por la Justicia de Santa Cruz y descartadas como delitos. Asimismo, está pendiente la resolución de si la demanda civil que el gobierno de Macri inició para que los acusados paguen una indemnización por los hechos se debe juzgar en este juicio o en otro tribunal.
Acto seguido, Beraldi reclamó que se elimine de la imputación que Cristina Kirchner designó a funcionarios como parte de la maniobra para conformar la asociación ilícita y que dictó resoluciones administrativas para reasignar fondos para las obras públicas. «La designación de funcionarios es un acto legítimo que fija la Constitución Nacional», aseveró el abogado.
