Después de los planteos de la oposición, este miércoles por la noche, la jueza con competencia electoral María Romilda Servini resolvió designar veedores para dar mayor certidumbre al escrutinio provisorio. También decidió no tratar el pedido de amparo presentado más temprano por el Frente de Todos.
La jueza dispuso poner al frente de la tarea al responsable de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, quien podrá convocar a los “agentes que considere necesarios” para reforzar las tareas de control de la transmisión de datos y el conteo.
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En respuesta a los planteos del Frente de Todos, que cuestionaba a la empresa Smartmatic y pedía su apartamiento del proceso de transmisión de datos, en la jornada de ayer el Gobierno ya había aceptado la designación de veedores judiciales para reforzar el control del escrutinio provisorio. El frente que lleva como candidato a Alberto Fernández había presentado un pedido de amparo para dejar sin efecto la digitalización de los telegramas y el conteo por parte de la empresa venezolana.
Desde el oficialismo se respondió a los planteos del Frente de Todos con un escrito presentado ante Servini, en el que detallaba: “No obstante lo cual, y sin perjuicio de tratarse de procedimientos de competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, y a fin de garantizar la transparencia del proceso eleccionario, mi representada no encuentra objeción a la designación de veedores judiciales que puedan presenciar todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección”.
La Dirección Nacional Electoral también dispuso que cada alianza o partido podrá designar un fiscal por cada Centro de Transmisión Electoral instalado en los establecimientos de votación, así como fiscales informáticos en las sedes del Correo, en Barracas y Monte Grande.
Jorge Landau, apoderado del Frente de Todos, opinó: “No hay tiempo para auditar y si descubrimos que tiene fallas, como sugieren los informáticos que trabajan con nosotros, ¿cómo hacés para introducir las modificaciones? No sirve de nada ahora”. Y añadió: “En todas las mesas vamos a tener un fiscal y en cada escuela un fiscal informático que va a ir verificando el traspaso de la información. Es una tarea ciclópea, porque hay que hacerla en todo el país. Para dar una idea, sólo en la provincia de Córdoba son 10 mil fiscales”.
