Días atrás el Gobierno mendocino asignó por decreto más de 12 mil hectáreas que contienen glaciares protegidos y humedales a una empresa privada para construir un centro de esquí. Esta semana desde el Gobierno nacional frenaron la transferencia.
A tres años de que la provincia de Mendoza saliera a las calles para proteger el agua, el gobernador Rodolfo Suárez cedió las tierras del Campo Potreros de Cordillera a la empresa El Azufre S.A. Estas se encuentran cerca del límite con Chile, a 190 km de la ciudad de Malargüe. La entrega fue hecha por decreto, con la excusa de que la empresa ya había invertido mucho en esos terrenos, por lo que no era necesario llamar a una licitación pública.
Según los registros, la empresa ha ocupado el valle desde 2019, cuando instalaron una base con energía renovable y comunicación satelital allí. Según dieron a conocer, El Azufre está construyendo un centro de esquí que promete ser 100% sustentable. Desde el pueblo mendocino denuncian que no se realizó ninguna Audiencia Pública, ni un estudio de impacto ambiental y se desconocen los detalles del proyecto. Esos documentos y estudios son obligatorios según la Ley Nacional 25.675 y la Ley Provincial 5.961
La zona afectada posee glaciares provenientes de ríos y arroyos, humedales y vertientes termales, además de que, por su proximidad con el Volcán Peteroa, es una zona volcánica riesgosa. Las 12.351 hectáreas entregadas a la empresa El Azufre pertenecen a Nación pero en 1969 se cedió la posesión a Mendoza. Esto significa que la provincia no puede venderlas ni comercializarlas, pero sí puede asignarlas. Para ello, se ampara en la Ley 21.900 que establece que para la adjudicación de zonas de frontera,
Al respecto, el senador provincial mendocino Lucas Ilardo, cuestionó la dimensión del terreno entregado. «¿Por qué 12 mil hectáreas? El centro más grande de esquí de Latinoamérica, el cerro Catedral, tiene 2 mil hectáreas. ¿Por qué se lo entregó a una empresa que tiene solo cuatro años?», cuestionó.
Otro punto de conflicto son los puesteros. En 1969 se les pidió que ocuparan la zona del valle, debido a su proximidad con Chile. Ahora, desde la empresa y el gobierno provincial aseguran que hubo solo dos propietarios con quienes pudieron llegar a un acuerdo. Mientras que el peronismo afirma que se trata de más de 20 puesteros que vieron vulnerados sus derechos de reclamar las tierras, ya se han llevado a cabo reclamos en la fiscalía para que se investigue sobre estos hechos.
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EL PROYECTO
El megaproyecto fue anunciado en 2019 y promete ser 100% autosustentable: se mantendrá con energía solar, eólica y micro-hidroeléctrica. También afirman desde El Azufre que se trabaja en un plan de forestación que comprende la plantación de 1 millón de árboles y el tratamiento de los residuos y efluentes.
Además, prevé la construcción de un centro de esquí con 6 medios de elevación, 7 hoteles, 10 restaurantes, lotes para casas y comercios. Si bien se presenta como una oportunidad turística y comercial, no hay que dejar de ver la imagen completa. El Azufre S.A. avanzó sobre unas tierras que no le pertenecían y comenzó a construir su centro de esquí, que promete mucho, pero que se establece en un zona que está llena de recursos naturales y ecosistemas que deben ser preservados.
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VUELTA ATRÁS
Sin embargo, días atrás el Gobierno nacional decidió poner un freno al «regalo» que había firmado el gobernador Rodolfo Suárez. El titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosetino, presentó una nota al gobernador de Mendoza donde lo intimó a dejar sin efecto el decreto 2.138/21 que estipula una “asignación precaria” de tierras a la firma EL AZUFRE S.A., cuyo titular vive en los Estados Unidos y participó de las campañas presidenciales de candidatos demócratas como Al Gore.
«Solicito que se adopten las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras dispuesta por el Decreto Nº 2.138/21, en favor de la firma EL AZUFRE S.A., así como todo otro instrumento dictado en su consecuencia. El presente rechazo se realiza sin perjuicio de ulteriores reclamos por parte de esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO», indica la carta de Cosetino. A su vez, el funcionario nacional explica que Mendoza incumplió con los convenios de manejo de tierras acordados con Nación, con el objetivo de desarrollar -con fines productivos o turísticos- esa zona de frontera.
Desde el Ejecutivo mendocino aseguran que están todos los papeles en regla, incluso con el aval legal y técnico de la Fiscalía de Estado. Sobre la entrega de tierras, el argumento del gobierno de Suárez es similar al de resto de los proyectos inmobilarios o extractivos que despiertan rechazo para la falta de estudios de impacto amabiental o controles transparantes: los inversores prometen crear unos 1.000 empleos directos, en un área de alto valor de conservación biológica e hidrológica en una provincia donde el recurso de agua es escaso.
