El juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la investigación sobre los cuadernos del chofer arrepentido Oscar Centeno, envió este viernes un “resumen” de la causa a la abogada María Bourdin para que lo publique en la página de Centro de Información Judicial (CIJ), un organismo que responde a la Corte Suprema. El texto generó diversos cuestionamientos, ya que en el mismo Bonadío da por sentado que se procesará a los involucrados, anticipando decisiones delicadas y sin que los defensores hayan tenido aún acceso a tramos del expediente que continúan bajo secreto de sumario. Además de definir allí a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una “asociación ilícita”, otro de los aspectos polémicos del resumen fue la decisión de acotar arbitrariamente la investigación a los años 2008-2015, dejando así afuera de la investigación a la familia del presidente Macri, que un año antes vendió IECSA a Ángelo Calcaterra.
El resumen de Bonadío fija el corte de su investigación retroactiva en 2008 y sostiene que es durante ese período que los acusados “procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
Uno de los cuestionamientos que se desprenden del arbitrario período definido por el juez tiene que ver con la validez de la declaración de Claudio Uberti, ex funcionario kirchnerista involucrado en el escándalo de la valija de Antonini Wilson, que ya acordó declarar como arrepentido. Pero los hechos sobre los que podría aportar más datos, incluyendo la llegada de dinero desde Venezuela, se extienden hasta el año 2007. Con esta decisión de Bonadío, quedarían fuera de la causa denuncias de Uberti que involucran a Techint (cuyo CEO, Paolo Rocca, hoy se encuentra visitando yacimientos de Vaca Muerta junto al presidente Mauricio Macri). En tanto ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Ubeti confirmó ante el fiscal Carlos Stornelli el pago de coimas realizado por Techint a través de Luis Betnaza. Lo llamativo del asunto es que el corte arbitrario en la retroactividad de la causa, dejaría fuera tanto a Betnaza como a Héctor Zabaleta, ex mano derecha de Rocca en Techint, que ya declararon como arrepentidos. El propio Rocca incluso reconoció el pago de coimas en una sorpresiva declaración durante un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que sin embargo no generó ninguna convocatoria a prestar declaración, constituyéndose así en el único referente de las empresas constructoras nacionales que no tuvo que pasar por Tribunales.
También quedarían fuera de la causa las denuncias aportadas por Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien sostuvo que el sistema de obtención de obra pública mediante el pago de coimas comenzó en 2003. Entre las empresas que se habrían beneficiado por esta operatoria se encuentra también IECSA, que hasta 2007 estuvo dirigida directamente por la familia del presidente Macri (en el directorio estaría tanto su hermano Gianfranco como el actual secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas), para ser vendida luego de esa fecha a su primo Ángelo Calcaterra (que también se presentó voluntariamente a declarar y se acogió a la figura del arrepentido).
Más allá de las fuertes sospechas de “fórum shopping” que penden sobre la investigación y podrían hacer caer la causa de conjunto, las sospechas de arbitrariedad e intencionalidad política en el corte establecido por Bonadío siguen sumando sospechas a la causa de los cuadernos de Oscar Centeno.
