La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia privada para el 10 de marzo entre el Ejecutivo Nacional y el Gobierno porteño, en el marco del conflicto abierto por los fondos de coparticipación. Una pelea que incluye mucho más que un tironeo por los recursos.
Los cuatro ministros del máximo tribunal de Justicia del país, todos hombres, decidieron citar al ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro, en nombre del Ejecutivo Nacional; y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, para el 10 de marzo de cara a acercar posiciones en esta demanda.
El recorte de 1% de coparticipación implican unos $30.000 millones que fueron transferidos a la provincia de Buenos Aires, en el marco de un fuerte conflicto policial por salarios en la fuerza bonaerense en plena pandemia, en septiembre de 2020.
En esa oportunidad, en el marco de una conferencia de prensa, junto al mandatario provincial Axel Kicillof y un grupo de intendentes del conurbano, Alberto explicó el decreto para trasladar los recursos porteños a la provincia.
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En ese momento, el Presidente indicó que la Ciudad recibió 2,1 puntos de coparticipación cuando tuvo lugar el traspaso de la Federal a la órbita del gobierno de la Capital Federal. Sin embargo, explicó que «hay un punto excedente que la Ciudad no estaba utilizando en sueldos y funcionamiento» .
Al mismo tiempo, aseguró que este tema fue charlando en sedas oportunidades con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. «Tengo la tranquilidad que nadie puede mostrarse sorprendido, la hemos hablado muchas veces» confirmó en su discurso en la quinta de Olivos.
La convocatoria, que se realiza en el marco de la causa iniciada tras el amparo presentado por la Ciudad en rechazo al decreto 735/2020 del Poder Ejecutivo, lleva las firmas de los cuatros magistrados del Alto Tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes presidirán la audiencia.
Como antecedente de esta convocatoria, la historia reciente muestra que no es la primera vez que el máximo tribunal opta por esta alternativa. Ya se había hecho en un conflicto desatado entre la provincia de La Pampa y la de Mendoza por la histórica disputa que mantienen ambas provincias por el caudal del río Atuel. En aquella oportunidad, como las partes no se pusieron de acuerdo, la Corte terminó dando su veredicto.
A un mes de su asunción, el 10 de enero de 2020, el presidente ya había confirmado su intención de reducir el “excedente” de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Nación y en su momento reveló que Horacio Rodríguez Larreta estaba al tanto del recorte de unos $35.000 millones.
En la presentación ante la Corte Suprema, la Ciudad sostuvo que en al Constitución «no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales. Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación».
Y le señaló que «la legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires».
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó la demanda en la cual «promueve una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar» en relación a la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente de la coparticipación.
