Daniel Gollán, ex ministro de salud durante el último año de gobierno del kirchnerismo, analizó la llamada Cobertura Universal de Salud (CUS) que está implementando el Gobierno nacional. Afirmó que se trata de una privatización del sistema de salud para mayor beneficio de los grandes laboratorios y que la gente va a tener que pagar por servicios que antes eran gratuitos.
Gollán, médico y experto sanitarista, ocupó primero cargos en el área de salud en la provincia de Buenos Aires, entre 2008 y 2010 fue subinterventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y luego fue designado Director Nacional de Análisis Técnico y Control del Narcotráfico. En 2014 renunció para ocupar el cargo de Secretario de Salud Comunitaria (considerado como de viceministro de Salud) y en febrero de 2015, ente la salida de Juan Luis Manzur como ministro, asumió como titular de la cartera. En una extensa entrevista con Página 12 analizó la CUS que el gobierno está presentando esta semana en la provincia de Mendoza, con la entrega por parte del actual ministro Jorge Lemus de las primeras 120 mil credenciales.
Respecto del balance del área de salud durante el kirchnerismo, consideró que se avanzó en los problemas más urgentes de “apagar el incendio” garantizando la provisión de medicamentos y se pudo avanzar en una segunda etapa de “mucha inversión en los hospitales públicos, que habían sufrido un gran deterioro”, pero “no se llegó” al necesario replanteo global del sistema. Señala Gollán que los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo se enfocan más en la prevención que en el tratamiento de las enfermedades y, como ejemplo, contrapone la experiencia de Gran Bretaña, que cuenta con los mejores indicadores a nivel mundial, con la de los Estados Unidos, donde el sistema de salud está regulado por reglas de mercado y tiene los peores indicadores.
El especialista considera que el objetivo del gobierno es avanzar, según directivas internacionales de la Organización Mundial de la Salud en sintonía con los grandes laboratorios, hacia un sistema sanitario en el que “la gente va a tener que pagar por servicios que hasta ahora no pagaba”. «Duplicar el gasto directo desde el bolsillo. Es el gran negocio de la privatización”, añadió. Considera Gollán que la CUS parte de una falacia desde su mismo nombra ya que en nuestro país ya existía una cobertura universal de salud. Y el sistema de hospitales existentes incluso va más allá de los ciudadanos que no tienen obra social o prepaga, ya que atiende a miles de personas con obra social o prepaga también se atienden en el sistema público para partos o accidentología.
La CUS implica la entrega de una credencial con la que se podrá acceder a una “canasta básica de prestaciones” en la que el Estado se hará cargo de los costos de atención “hasta determinado límite”. El plan incluye además la limitación de las tecnologías y medicamentos que cubre el Plan Medico Obligatorio de prepagas y obras sociales. Gollán destaca que con el sistema actual no existe ningún límite y son totalmente gratuitos tratamientos de alto costo como los oncológicos o reumatológicos. Desde el Gobierno se afirma que lo que queda fuera de la canasta básica se analizará caso por caso, por lo que el ex ministro anticipa que se sucederá “una catarata de juicios”.
Gollán además denuncia que ni siquiera está claro un posible financiamiento para la CUS ya que por el momento se contempla aportes como los 8 millones de la caja de la CGT, que “no alcanza para nada” ya que si se tiene en cuenta que el presunto objetivo del plan son los 15 millones de argentinos sin cobertura esto implica 44 pesos por mes. “Es muy probable que nazca desfinanciado y muera prontamente”, anticipa Gollán. Y alerta que lo más probable es que el Estado nacional pretenda hacer cargo del sistema a las provincias “que no pueden afrontar ese gasto”. “Yo creo que el Gobierno aspira a eso: que las provincias se hagan cargo de la prestación de salud porque así creen que lo indica la Constitución nacional. Pero es la Nación la que adhirió a los tratados internacionales que dicen que es el Estado nacional el que tiene que garantizar el derecho a la salud. Para cuando se dé cuenta la gente de la estafa, ya va a ser tarde”, insiste.
Por último, señala que un plan de características similares se intentó implementar en Colombia en 1993 y concluyó con la destrucción del sistema público de Salud y hoy es el país donde más gente muere por no poder acceder a la atención médica. “Allá les prometieron una lluvia de inversiones en prestadores. Pero de una buena cantidad de administradoras privadas de salud se redujeron a cuatro que están cartelizadas, con precios cada vez más altos y la gente cada vez más afuera”, remató Gollán.
