Ante la Justicia, en declaración indagatoria, el empresario Fabián De Sousa negó haber usado dinero de Oil Combustibles a otras empresas de su grupo. «Es mentira que hubo transferencia de fondos entre empresas del grupo y lo que adeudaba Oil», sostuvo el ejecutivo.
De Sousa sostuvo ante el Tribunal Oral Federal 3 que la petrolera tuvo que desarrollar su negocio «con las condiciones ruinosas que estableció el fisco, el Estado nacional». «Como empresarios, los accionistas, mi consorte de causa y yo, nunca imaginamos que por los actos de comercio que desarrollamos con las condiciones ruinosas que estableció el fisco, el Estado nacional, íbamos a estar presos», agregó.
El dueño del grupo Indalo sostuvo que en este entonces, entre 2012 y 2015, «el principal violador de la normativa de retenciones para el precio del petróleo era YPF, con su principal accionista, el Ministerio de Economía de la Nación».
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«Dentro del tiempo de reflexión desde que estoy preso, lo que pienso es que tendría que haber cerrado», dijo tras recordar el valor en dólares del petróleo en ese momento y el que alcanzó luego.
«Si cerrábamos el grifo hasta esperar mejores condiciones, teníamos 14 mil demandas de quienes dependían directa o indirectamente» de Oil Combustibles, como los estacioneros. «Eso sí hubiera sido una defraudación, no al Estado sino a los estacioneros», agregó.
De Sousa aludió a «hechos del príncipe definidos por el Estado. El Estado mismo creó las condiciones ruinosas» para la actividad petrolera, y refirió que hubo reuniones con funcionarios donde se les decía que siguieran con la actividad y pagasen impuestos con planes de pago.
«En cada reunión se nos dijo que siguiéramos desarrollando la actividad y que los impuestos que no podíamos pagar requiriéramos plan de pagos del artículo 32», y aludió a ex funcionarios presentes en esas reuniones, como el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y a ejecutivos de otras petroleras, como Juan José Aranguren, entonces titular de Shell Argentina.
