La ONG Poder Ciudadano recolectó a lo largo de estos meses más de 70 denuncias de empleados públicos, en su mayoría de la Nación y del gobierno de la Ciudad, quienes manifestaron que tuvieron que realizar tareas propias de la campaña electoral como repartir volantes, participar de timbreos y trabajar en un call center.
«A partir de 2015 comenzamos a trabajar en esta problemática junto a ASIJ en una campaña que se llama ´Que no te pongan la camiseta´ para que los empleados que trabajan en el Estado no tengan que hacer tareas que no corresponden. En relación a lo que sucedió en las últimas elecciones, tenemos más de 70 denuncias de trabajadores que tienen que participar de timbreos, volantear, y/o estar horas en un call center», le explicó a Informe Político Germán Emanuele, Director Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano.
«En las denuncias que nos han llegado no existen amenazas concretas de parte de un superior pero pasa que cuando tu jefe te dice que hagas algo o te invita a participar… De alguna manera, el trabajador se ve obligado a cumplir con esa orden, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones en las que emplea el Estado, con mayoría de contratados, monotributistas que facturan. No podés decir que no. Y si decís que no, tranquilamente te pueden despedir. Es algo que pasa con todos los gobiernos», agrega Emanuele.
A su vez, confirma que la mayoría de las denuncias que recibió la ONG apuntan al Gobierno nacional y también al porteño, y que «esta práctica es producto de la confusión entre Estado y partidos de gobierno e implica un aprovechamiento indebido de recursos estatales en beneficio de un determinado grupo político, además de un avasallamiento de los derechos del trabajador estatal. La presión a los empleados públicos a fin de que realicen actividades de campaña se encuentra prohibida por la Constitución Nacional».
Consultado por la situación de empleados de gobiernos provinciales, Emanuele indica que «lo más común es que los trabajadores tengan, el día de la elección, que actuar como fiscales de mesa. Existe un espacio para que estas cosas se puedan denunciar en www.quenoteponganlacamiseta.org, obviamente de manera totalmente confidencial».
Cabe señalar que según la Ley de Empleo Público (ley Nº 25.164), los empleados estatales sólo tienen obligación de obedecer una orden del superior jerárquico cuando “tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles con la función del agente” y además establece la prohibición para los empleados y funcionarios públicos de “valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política” (artículo 24 inciso “e”).
Para finalizar, Emanuele explica qué sucede con las acusaciones: «Nosotros nos comunicamos con las autoridades gubernamentales, alertamos a las administraciones y planteamos la problemática a los sindicatos para que brinden algún tipo de respuesta».
