Organizaciones vinculadas al Derecho presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las presiones y ataques desde el poder político a jueces, defensores y abogados sucedidos durante el gobierno de Mauricio Macri. También se incluyen casos como la “persecución desatada contra líderes políticos y sociales de la oposición”.
Firman la denuncia organizaciones como Abogados Por la Justicia Social (AJuS), AJUS La Plata, Berisso y Ensenada, la Asociación Argentina de Juristas, La Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, la Asociación Justicia Legítima, el Grupo de Trabajo sobre Estudios Críticos del Derecho (CLACSO), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
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Según el documento al que accedió Página 12, el objetivo de esta política apuntaba a “disciplinar a los magistrados que dictan resoluciones que no son acordes a la voluntad del Poder Ejecutivo, lo que conlleva a la consecuencia de generar una magistratura adicta”. Esta política se aplicó por medio de pedidos de juicio político, denuncias penales y aprietes por los medios de comunicación, en ocasiones por la voz del propio Presidente.
El texto presentado a la CIDH detalla casos relacionados con más de 20 magistrados, entre los que se cuentan Raúl Zaffaroni, Daniel Rafecas, Eduardo Freiler, Sebastián Casanello, Luis Arias, Alejo Ramos Padilla, Luis Carzoglio, Enrique Arias Gibert o Ariel Lijo. También la ex procuradora General Alejandra Gils Carbó, ficales como Federico Delgado y Gabriela Boquín y numerosos abogados.
“Los actos de intimidación y presión al Poder Judicial y los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, como el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura entre otros, han socavado la independencia” de “éste poder del Estado de derecho (…) en decisiones que contraríen los deseos del Poder Ejecutivo (…) el cumplimiento e implementación de un Poder Judicial independiente e imparcial se ha visto atacado desde el 10 de diciembre de 2015 con la asunción a la presidencia de Mauricio Macri”, detalla la denuncia.
Según el texto, estos ataques “no han sido aislados ni deben ser analizados independientemente entre sí, sino que se han llevado a cabo con precisión temporal”. Luego se afirma que se está ejecutando un plan al respecto en nuestro país, basado “en la necesidad de encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, serían imposibles de ser llevadas a cabo”. Luego añade: “Sostenemos que la independencia de los magistrados e instituciones jurídicas se ha visto sometida a expresiones intimidantes directas e indirectas”.
El texto solicita una audiencia en la CIDH y apunta a lograr una medida cautelar para frenar este proceso.
Entre los mecanismos de presión o de colonización que desnudan, los más sutiles son la prolongación de subrogancias para que los/as jueces/as intenten complacer al poder que debe darles un nombramiento definitivo, los traslados de jueces a dedo de un tribunal a otro (algo que se ha implementado en tribunales estratégicos como la Cámara Federal, la Casación Federal y tribunales orales que deben juzgar a ex funcionarios, aunque en este caso hubo un freno de la Corte), los concursos condicionados políticamente, y los recortes o manejos con el presupuesto. Dentro del propio Consejo de la Magistratura –el organismo que elige y sanciona a los jueces– “el Gobierno urdió maniobras para destituir a los miembros de la oposición en el Consejo de la Magistratura y designar a simpatizantes suyos o políticamente dóciles”, advierte la presentación.
Entre los casos destacados en el informe se cuenta el nombramiento por decreto y en comisión de dos jueces de la Corte Suprema (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) como primera medida del gobierno de Macri, decisión que luego tuvo que pasar por el Senado. También se da cuenta del los ataques contra el ex camarista Freiler (quien había procesado a Macri por el espionaje en la Ciudad), del ex juez supremo Zaffaroni (acusado por diputados oficialistas de “inhabilidad moral y actuación partidista”).
El juez Carzoglio afirmó que recibió presiones para detener a Moyano
La denuncia enumera también otros casos. El juez Arias también fue destituido por iniciativa de Cambiemos tras sus intervenciones a favor de la lucha docente en provincia de Buenos Aires, a Daniel Rafecas se le abrió un expediente disciplinario por decir que no había delito en la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, la jueza Martina Forns fue “descalificada públicamente por funcionarios del Ejecutivo” después de frenar uno de los tarifazos de electricidad, Sebastián Casanello “recibió presiones para que incriminara a la ex presidenta”, Carlos Rozansk fue “hostigado públicamente” y el juez Luis Carzoglio fue suspendido por considerar que no había pruebas para detener a Pablo Moyano (luego de haber recibido la visita intimidatoria de dos agentes de la AFI).
La denuncia pide a la CIDH se le habilite la posibilidad de detallar los casos en una audiencia y aspira a lograr una medida cautelar que pueda frenar este proceso sobre las distintas instancias de la Justicia nacional.
