La semana pasada la organización ambientalista Greenpeace denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amenazas de “personas de estrecho vínculo con el Gobierno Nacional” (Alejandro Braun Peña, primo de Marcos Peña, y el diputado oficialista Juan Carlos Villalonga) por sus campañas en defensa del medioambiente, particularmente contra los desmontes en Salta.
La ONG presentó su denuncia el pasado 28 de mayo, solicitando un “monitoreo” y la exigencia de informes al Gobierno nacional para que “clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores”. También exigió “medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización”.
Según Greenpeace, las amenazas comenzaron luego del inicio de una campaña contra los desmontes ilegales en Salta, particularmente en la Finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del Jefe de Gabinete. El documento presentado ante la CIDH denuncia que durante una reunión de mediación en el mes de marzo el empresario amenazó con invertir “2 o 3 palos verdes” para perjudicar a la organización y a sus referentes como represalia por haber “difundido su imagen”. Uno de sus abogados habría añadido: “Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino, imagínense. Es un empleado serio que apuesta por el país”.
En cuanto al diputado Villalonga, fuentes de Greenpeace aseguraron a Ámbito Financiero: “Él está denunciado ante la Justicia y ante la CIDH por amenazas y por hostigamiento a través de redes de personas allegadas a él”. También se han plantado denuncias contra el funcionario en la justicia local. Todas las acciones han sido informadas a la Casa Rosada para que tóme las medidas correspondientes.
La organización ambientalista continúa con su campaña contra los desmontes clandestinos de bosque nativo en Salta, exigiendo que se cumplan la Ley de Bosques y la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que declaró ilegales los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas, así como de la resolución 019 del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta que ordenó “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”.
En estos días también el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey intentó despegarse del escándalo por los desmontes ilegales de Braun Peña con el anuncio de la duplicación de la superficie protegidas en la provincia, en cumplimiento con la Ley de Bosques. Según el anuncio de Urtubey, se sumarán 1.502.959 hectáreas a las áreas protegidas, de las cuales el 64% son bosques nativos, lo que convertiría a Salta en la provincia con “mayor superficie de áreas protegidas en Argentina con casi 4 millones de hectáreas” (incluyendo la reserva de biosfera de las Yungas y de Parques Nacionales).
