El próximo 13 de agosto el proyecto que propone la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) impulsado por la Campaña por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, llegará por primera vez en la historia a debatirse en la Cámara de diputados. Luego de haber logrado y perdido estado parlamentario durante seis años previos, gracias a una inmensa movilización social y al visto bueno del oficialismo, logró llegar al debate en comisiones donde ya expusieron cientos de especialistas a favor y en contra de la iniciativa. Para tratar de inclinar a favor a los votos indecisos se han introducido algunas medidas al proyecto original.
Dentro de menos de una semana será la fecha clave para el tratamiento del proyecto en el recinto y la pelea es voto a voto para definir al porcentaje de legisladores que aún permanecen indecisos (unos 50 o 60 sobre los 257 integrantes de la Cámara baja).
Para ello, se decidió incorporar algunas modificaciones al proyecto de ley presentado por la Campaña. El proyecto contempla la IVE hasta la semana 14 de gestación, especificando que sólo será legal en caso de violación, si está en riesgo “la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer” o si se registran “malformaciones fetales graves”. Sin embargo, el proyecto original no contemplaba la posible objeción de conciencia de los profesionales médicos. Ahora se incorporan dos cambios en este rubro, habilitando la posibilidad de una objeción de conciencia individual y no institucional. Los profesionales podrán plantear su objeción siempre que se hayan registrado previamente en un registro, como forma de que la institución sanitaria pueda garantizar que haya otro especialista en reemplazo y no tener que postergar la intervención, un método de dilación habitual con el que se logra que avance la gestación hasta el punto en que ya no se puede interrumpir legalmente.
El último cambio incorpora la instalación de consejerías de atención integral pre y post aborto, que serán integradas por equipos interdisciplinarios. Esta modificación fue clave para definir algunos votos indecisos.
Un punto que sigue siendo conflictivo tiene que ver con las adolescentes de entre 13 y 16 años, ya que el proyecto actual remite al artículo 26 del Código Civil y Comercial que establece que “se presume que (…) tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”, lo que implicaría que puede tomar sin consentimiento familiar la decisión sobre la IVE. Es uno de los puntos más cuestionados en los debates previos en el plenario de comisiones, por lo que se estima que puede haber algún cambio de último momento al respecto.
