Las distintas organizaciones sociales y grupos piqueteros recibieron con agrado la sanción de la Ley a fines del año pasado, pero su falta de reglamentación pasados tres meses puso en estado de alerta a Barrios de Pie, a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y al Movimiento Evita, los principales referentes de ese sector que se manifestó con fuerza en la marcha del pasado 7M.
El Decreto 159/2017, publicado en el Boletín Oficial, da un paso más y detalla las funciones y los objetivos del Consejo de la Economía Popular y los parámetros para la asignación del Salario Social Complementario, una cuestión fundamental para que puedan empezar a direccionarse los 30.000 millones de pesos extra que destina la Ley de Emergencia social para asistencia de las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La reglamentación establece que el Consejo estará integrado por un representante (y un eventual reemplazante) de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda, quienes «mediante acuerdo» podrán convocar a representantes de todas las organizaciones sociales para que participen de forma permanente de las reuniones, al igual que integrantes de «organizaciones civiles o instituciones públicas o privadas cuyos aportes resulten de interés social en razón de la materia».
Dicho Consejo también deberá «diseñar y proponer los criterios y mecanismos de inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular» para poder acceder a los beneficios.
«El Consejo también será el responsable de elaborar una propuesta que establezca los criterios y mecanismos operativos de funcionamiento, inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular, priorizando aquellas personas afectadas en sus derechos humanos fundamentales y en situación de alta vulnerabilidad social, considerando especialmente a las mujeres», dice el decreto.
