Valentín Díaz Gilligan, subsecretario General de la Presidencia, presentará hoy documentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) encabezada por Laura Alonso para intentar justificar su titularidad de una cuenta con 1,2 millones de dólares en Andorra, un paraíso fiscal europeo. El funcionario argumenta que el dinero pertenecía a la empresa Line Action Ltd., empresa vinculada al empresario uruguayo Paco Casal, dedicada a la transferencia de jugadores de fútbol, radicada en Gran Bretaña. Casal, a su vez, está fuertemente involucrado en el escándalo internacional de corrupción conocido como FifaGate. Desde el Gobierno lo defienden, pero voces del radicalismo y de la Coalición Cívica piden su renuncia.
En diálogo con La Nación, Díaz Gilligan anticipó: “Voy a presentar un escrito en la Oficina Anticorrupción y en los próximos días vamos a contar con toda la documentación; decidí salir de la sociedad antes de ingresar a la función pública”. Sin embargo, las justificaciones del funcionario fueron cambiando. Primero afirmó que figuraba como titular de esa cuenta como favor personal a Casal (“Paco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía”) pero luego evaluó que actuar como testaferro de un empresario investigado como corrupción no era la mejor línea de defensa y explicó que figuraba en la empresa offshore “por solicitud de los titulares de la firma GolTV” (propiedad de Casal), de la que era asesor: “En 2012 asumí como director de la empresa británica Line Action LTD, dedicada a la intermediación deportiva. Mi vínculo con esta empresa finalizó en 2014, a raíz de mi nombramiento como director de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires”. Su jefe en CABA durante la administración de Mauricio Macri era el mismo Fernando De Andreis que hoy lo dirige desde la Secretaría General de la Presidencia.
Más allá de las sospechas, Díaz Gilligan afirma que el dinero que se encontraba a su nombre en Andorra no le pertenecía ni se benefició con él: “No era mío ni gané un centavo con esa plata. Ese monto es el que estuvo depositado en la caja en algún momento, pero lo que no se dijo es que en aquel momento los gastos y las deudas de la sociedad equivalían más o menos al mismo monto”. También sostiene que pidió salir de la sociedad en diciembre de 2014, cuando estaba por ingresar a la función pública, pero que la cesión “tardó en materializarse unos meses, y en el medio comencé a ser funcionario”.
En su más reciente declaración jurada, quien fuera titular de una cuenta millonaria en dólares, declaró ante la OA un auto Toyota modelo 2012, una chacra en Pueblo Edén (Uruguay) y unos 300 mil dólares en efectivo provenientes de su actividad privada previa. Este lunes presentará ante el organismo que dirige Laura Alonso, muy permeable a las justificaciones de funcionarios oficialistas, “balances, actas de constitución y mi salida de la sociedad” para explicar su rol en Line Action, del que asegura que nunca se benefició materialmente.
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete Marcos Peña salió inmediatamente a defenderlo: “Es muy importante marcar de qué se trata. Estamos dando una discusión del patrimonio de los funcionarios antes de entrar al Gobierno. En este caso, es un patrimonio previo a su ingreso a la función pública y si lo declararon o no lo declararon”. “No estamos hablando de fondos públicos, ni estamos hablando de corrupción, como ocurría antes”, insistió Peña. Y concluyó confiando en la investigación de la OA, que puede tomar varios meses para llegar a una conclusión: “Es una muy buena persona, un muy buen funcionario. Como dijo el Presidente: nosotros confiamos en nuestra gente. Que vaya a la Oficina Anticorrupción y presente todos los papeles”.
Pero, incluso dentro del oficialismo, se elevaron voces menos indulgentes con el funcionario. El radical Mario Negri, titular del interbloque de Cambiemos, tuiteó este domingo: “Diaz Gilligan, funcionario, debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder. No es condena, la «vara»sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos. No hay que incomodar al Gobierno,sino ayudarlo”.
Este domingo también Paula Oliveto Lago, diputada de Cambiemos, referente de la Coalición Cívica y muy cercana a Elisa Carrió, había afirmado que no basta con las explicaciones ante la OA y que “debería tener un rol fundamental la Fiscalía de Investigaciones Administrativas” en la investigación de las responsabilidades de Díaz Gilligan ya que la Justicia es “el lugar donde se deben presentar los funcionarios a rendir cuentas”.
