Por los debates en Comisión pasaron más de 130 invitados en representación de inquilinos, propietarios e inmobiliarias. La semana próxima buscará obtener dictamen.
La Comisión de Legislación General de Diputados, presidida por Cecilia Moreau, culminó el turno de jornadas con expositores y la próxima semana comenzará el tratamiento legislativo para obtener el dictamen.
Moreau, del Frente de Todos, aclaró que invitarán a exponer a los legisladores que han presentado proyectos sobre el tema, pero remarcó que «no todos los proyectos presentados sobre la temática tienen giro a la comisión».
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En torno a derogar o modificar la ley, sancionada hace menos de dos años por el Congreso, se presentaron numerosos proyectos.
La ronda de expositores la inició la subsecretaria de Hábitat de la Municipalidad de Rosario, Josefina del Río, quien denunció que «una gran cantidad de contratos se están celebrando en condiciones informales y no se registran ante la AFIP», algo que estableció la ley.
«Hoy en Rosario el 20% de la población alquila», detalló y mencionó que «entre los años 2020 y 2021 recibimos 14 mil consultas vinculadas al tema de alquileres».
La funcionaria rosarina defendió que los plazos de duración de los contratos «más largos suponen mayor estabilidad» y agregó: «No se trata de derogar la ley, se trata cumplir aquello que ya se regula y de modificar lo que demostró no funcionar».
Por su parte, la exdiputada de la UCR Josefina Mendoza, quien habló en representación de la Fundación Haciendo, propuso que en el marco del debate de la ley se piense en «un régimen de alquileres específico para estudiantes de nivel superior», propuesta que había presentado a través de iniciativas en 2018 y 2021.
Renzo Quero, de la Asociación de Inquilinos de San Juan, señaló que es «fundamental» ver a la vivienda «desde los derechos humanos», porque «si la entendemos como un bien comercial, la verdad que todas las garantías se pierden, no tenemos garantía de protección estatal».
«Venimos a defender que no se derogue» la norma, expresó y señaló que los inquilinos son «la parte más débil (en la relación contractual); sí o sí necesita la intervención del Estado».
Por el grupo Hipotecados UVA autoconvocados, Claudia Pilo recordó que «muchas veces los inquilinos al no contar con las exigencias requeridas por las inmobiliarias y los propietarios deben vivir en lugares en condiciones inadecuadas, precarias y a un costo altísimo».
«El lobby del sector inmobiliario y el mercado no pueden decidir qué calidad de vida tienen que tener las personas, es necesario que el Estado intervenga», manifestó y agregó: «Los hipotecados UVA pasamos por ese infierno, por eso nos solidarizamos con todos ellos».
