La sesión de la Cámara de diputados de este miércoles aprobó una serie de proyectos muy importantes, entre ellos, se le dio media sanción a la ley de urbanización para unos 4 mil asentamientos o villas de emergencia en el país, la Ley “Justina” de donación de órganos y la Ley “Brisa” que otorga una reparación especial a los hijos de víctimas de femicidios.
El proyecto para la urbanización de 4.228 asentamientos de emergencia en ciudades de más de 10 mil habitantes de todo el país, en los que se calcula que viven unos tres millones y medio de personas (más de 850 mil familias), que no tienen agua corriente, red cloacal ni acceso formal a la energía eléctrica, fue votado por unanimidad en horas de la madrugada, con 194 votos afirmativos. El plan, que prevé la expropiación de las tierras y la regularización de los títulos de propiedad, fue presentado por el oficialismo, con las firmas del radical Mario Negri, el macrista Nicolás Massot y la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió.
La iniciativa suspende por dos años los desalojos en los barrios incluidos en el plan y apunta a la integración “sociourbana” de los mismos a través de planes que se implementarán de manera conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social y las provincias o municipios involucrados. La escritura de las viviendas es un paso fundamental para terminar con la precariedad y avanzar en la formalización del acceso a los servicios básicos.
Leonardo Grosso, del bloque del Movimiento Evita, destacó el rol de las organizaciones sociales en el relevamiento realizado como paso previo: “Esta ley que busca expropiar las tierras es un logro de las organizaciones sociales que relevaron 4.300 barrios en todo el país”. Si bien los diputados vinculados a los movimientos sociales votaron a favor del proyecto, también destacaron la necesidad de seguir avanzando. Grosso sintetizó: “Peleamos por esta ley pero no estamos felices porque no alcanza, la situación económica en los barrios es insoportable y por culpa de la gestión de este Gobierno”.
Diputados también dio sanción definitiva, por unanimidad (203 votos a favor), a la llamada “Ley Brisa” (por Brisa Barrionuevo, una menor cuya madre fue asesinada por su padre en 2015, que hoy, junto a sus hermanos gemelos, vive con su abuelo materno), que prevé una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro. La reparación comenzará a regir desde el momento del procesamiento del femicida y consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual. El subsidio está destinado a menores de 21 años o mayores con discapacidad, siendo retroactiva al momento del crimen, y se extingue cuando las «víctimas colaterales» cumplen los 21 años. Hasta los 18 años, los niños o adolescentes percibirán la reparación a través de las personas a cargo de su cuidado y entre los 18 y los 21 la cobrarán directamente.
También se dio sanción definitiva a la llamada “Ley Justina” que establece que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, a menos que en vida dejen constancia expresa de lo contrario. El proyecto fue votado por unanimidad, con 202 legisladores a favor, y se conoce con ese nombre por el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12 años que murió en noviembre pasado mientras aguardaba un trasplante de corazón.
A partir de la sanción, se invierte el proceso de consentimiento para la donación de órganos o tejidos, estableciendo la figura del “donante presunto” que ya no requiere expresar una voluntad afirmativa para la donación sino que se garantiza “la posibilidad de realizar la ablación de órganos y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos”.
