Luego de la media sanción al proyecto de la Boleta Única de Papel, este miércoles la oposición podría dar un nuevo revés al oficialismo para la modificación de la Ley de Alquileres.
En las últimas horas se aceleraron las gestiones entre Juntos por el Cambio y el interbloque Federal, que trabaja en tándem con Juntos Somos Río Negro, para unificar sus proyectos y confluir en la firma de un dictamen unificado sobre la Ley de Alquileres hoy mismo en un plenario de comisiones.
Si bien el despacho oficialista tiene más firmas, la oposición llegaría con más votos al recinto y una vez rechazado el dictamen de mayoría se pasaría a tratar el de minoría. En la sesión por la Boleta Única, sumando los votos de JxC, del interbloque Federal, de Provincias Unidas y de los liberales, la oposición llegó a 132 votos, e incluso se dio el lujo de que un diputado no estuviera presente en el recinto.
Esa mayoría circunstancial podría recrearse en esta nueva ocasión ya que los espacios opositores ya alcanzaron consenso respecto de la necesidad de retrotraer la legislación a los dos años de duración de los contratos de locación, y una actualización semestral de los valores, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado inmobiliario y la dispersión de precios, sin valores de referencia claros. También evalúan que las partes deberían tener mayor libertad para pactar el precio de los alquileres sin tener que atarse a un índice determinado por el Estado.
Los cambios en la Ley actual
En el borrador del dictamen de la oposición se propone liberar del pago del impuesto a los bienes personales a aquellos locatarios que tengan declarados los contratos de alquiler; permitir que los monotributistas con más de tres unidades de explotación no pasen a tributar en el régimen general; y finalmente que el pago de alquileres no se vea alcanzado por el impuesto al cheque.
El Frente de Todos comparte el diagnóstico de que la ley 27.551 del 2020 no dio las respuestas esperadas, pero pese a haber amagado en un primer momento con volver a los tres años de plazo de los contratos y el ajuste semestral de los valores, finalmente ponderaron los reclamos de los inquilinos para no tocar esos aspectos de la norma.
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La conclusión a la que llegaron es que ningún marco normativo puede ser efectivo en un contexto de escalada inflacionaria que genera incertidumbre en los propietarios (al punto de retirar sus inmuebles del mercado) y pérdida de referencia de los valores de mercado.
De este modo, el dictamen de mayoría propone seguir con los tres años de plazo de los contratos y el ajuste anual conforme una fórmula que combina la evolución salarial (RIPTE) con la inflación (IPC). También fija que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios (que combina la variación salarial con la inflación medida por el IPC) será el tope máximo permitido, al tiempo que incluye un capítulo referido a incentivos fiscales para locadores.
A su vez, se estipula la posibilidad de exceptuar del pago del impuesto a los Bienes Personales a esos inmuebles destinados a la locación para vivienda familiar, a menos que superen los 30 millones de pesos.
También se propone que aquellos propietarios de inmuebles usados que sean afectados al alquiler para vivienda durante 12 años puedan inscribirlos en el régimen de incentivos para la construcción, que habilita beneficios fiscales.
Con Juntos por el Cambio en franca ventaja en el debate de Alquileres en Diputados, el oficialismo confía en que si la iniciativa de la oposición unificada obtiene la media sanción, no pasará el filtro del Senado donde el Frente de Todos controla una frágil mayoría.
