Un informe elaborado por el Ministerio del Interior confirma que el aumento de la Coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires decidido por el gobierno nacional de Mauricio Macri en 2016 excedió por mucho el incremento del gasto porteño derivado del traspaso de la Policía Federal. El monto acumulado por las transferencias de fondos nacionales de más de 125 mil millones de pesos cubría no sólo los gastos de la Policía Federal sino prácticamente todo lo invertido en seguridad por el Gobierno porteño, sin que este alivio presupuestario se reflejara luego en la reducción de reclamos de aportes nacionales en otras áreas. Ante esta situación se evalúa incluso la posibilidad de mantener la coparticipación porteña en el 1,4% de 2015, sin transferencias extra, en atención a los montos excesivos que recibió durante los cuatro años previos.
El contundente documento “Consideraciones acerca de la incidencia presupuestaria de la transferencia de servicios de seguridad del orden nacional a la CABA”, elaborado por la cartera encabezada por Eduardo “Wado” De Pedro, es el que se utilizó para discutir con los equipos económicos del Gobierno de la Ciudad, pese a lo cual las autoridades porteñas anticipan su intención de recurrir a la Justicia para recurrir la firma del decreto presidencial que recortó un punto de su coparticipación.
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El texto recuerda que hasta el 31 de diciembre de 2015 estuvo vigente el Decreto N° 705/03, que establecía una coparticipación de 1,40% para CABA. Ese año recibió $7.865,2 millones de recursos de origen nacional (RON). Pero el decreto 194, firmado en enero de 2016 por Macri, llevó la coparticipación porteña al 3,75%, aplicando un aumento de 167,8% sin especificar el destino de los mayores recursos asignados. Más tarde otro decreto aclara que serán destinados a “consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, es decir para financiar los gastos de CABA en seguridad. En enero de 2018, luego de la firma del Consenso Fiscal, el porcentaje es reducido por decreto 3,50%.
Entre 2016 y 2019 la Ciudad recibió $125.794 millones extra, derivados de los cambios en el porcentaje de coparticipación, una cifra que supera ampliamente los gastos originados por el traspaso policial. En 2016, año establecido como “etapa de transición”, Nación continuó efectuando la liquidación de haberes, gastos de comida y recargo de servicio del personal transferido a la Ciudad, comunicando estas liquidaciones al GCBA para que se efectuaran las transferencias correspondientes. Los gastos informados por nación fueron de $8.047 millones mientras que el ingreso extra que recibió la administración de Horacio Rodríguez Larreta por la nueva fórmula fue de $17.386 millones. El monto excedente acumulado entre el año 2016 y 2019 totaliza $86.269 millones.
Según el documento, el incremento de las transferencias de Nación “no solo financió los gastos de seguridad transferidos por el Gobierno Nacional, sino que también solventó prácticamente la totalidad de sus egresos, vale decir, los que venía ejecutando con antelación a la transferencia de servicios más aquellos que ocasionaron su propia política de prestación de los servicios de seguridad”. Es decir que Ciudad prácticamente dejó de invertir recursos propios en Seguridad, cubriendo esos egresos con la coparticipación, un millonario alivio que luego no se reflejó en la reducción de reclamos de aportes nacionales para otras áreas.
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En el período 2016/19 se mantuvieron millonarias “Transferencias corrientes” de Nación para financiar el Fondo de Incentivo Docente (Ministerio de Educación), el Mejoramiento del sistema de Justicia-Justicia 2020 (Ministerio de Justicia) y el Hospital Garraham (Ministerio de Salud); más otras “Transferencias de capital” para las carteras de Educación, Transporte e Interior, Obras públicas y Vivienda, que totalizaron $72.838 millones (más de 18 mil millones de pesos por año). A esta cifra hay que sumarle también las inversiones en construcciones financiadas por Nación en el ámbito de la Ciudad, que ascendieron a $21.861 millones (Autopista del Bicentenario-Paseo del Bajo, construcción del Reactor de Baja Potencia CAREM-Fase II y el Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos).
En síntesis, según el documento, “los evidentes beneficios que tuvo el Gobierno de la CABA a raíz del financiamiento de los servicios transferidos a partir de 2016 no redundó en una merma relevante de las restantes transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional a la Jurisdicción”.
Ante este diagnóstico sobre los fondos en exceso que recibió la Ciudad durante los últimos cuatro años, el Ministerio del Interior propone algunas “opciones de financiamiento de los servicios en tratamiento para el año 2020”, que incluyen la posibilidad de mantener el coeficiente de coparticipación de CABA en el 1.4% original, sin compensación alguna, “en atención a que durante los cuatro ejercicios fiscales precedentes el Gobierno Nacional financió en exceso los gastos de la transferencia efectuada”. Otras opciones son mantener el 1,4% pero adicionando “una transferencia del Gobierno Nacional (con destino específico) equivalente al gasto que una auditoría determine que ocasiona la transferencia de servicios realizada en 2016” (en caso de no poder realizarse la auditoría, se adicionarían $13.945 millones a valores promedio de 2019) o que el coeficiente de participación de la CABA pase a 1,98% “como resultante de la sumatoria del 1,4% histórico y del 0,58% al cual equivalen las transferencias en 2019”.
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