Ducoté, en problemas: Deberá ir a juicio oral por corrupción

Nicolás Ducoté, ex intendente PRO de Pilar, se encuentra en serios problemas: deberá ir a juicio oral por presuntos actos de corrupción bajo su gestión por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Acusado del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por el supuesto uso irregular de fondos nacionales en obras del municipio, el ex jefe comunal llegará al banquillo dado que su apelación, que llegó al máximo tribunal de justicia, fue rechazada de plano.

Y, en 2023, enfrentará a los jueces, con la chance de permanecer hasta 6 años en prisión, en caso de ser juzgado como culpable. No estará solo en dicha instancia: estarán además el ex Jefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone; el ex secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias; Federico Leonhardt, titular del área a cargo de los microcréditos; Osvaldo Caccaviello, quien se desempeñaba como director general de Calles y Red Vial; la ex subsecretaria de Obras Públicas, Sandra Sosa; Norberto Guilianelli, Gabriel Lucero; Fernando Bonafede y Sergio Russo, este último director de la empresa Tordel SA, encargada de varias obras públicas durante el gobierno de Ducoté.

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De acuerdo al expediente, que llevó adelante el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se indaga el desvío de más de 460 millones de pesos de la administración nacional entre 2016 y 2019 mediante el pago de obras públicas que debían realizarse en los barrios Peruzzotti y Monterrey, pero no se hicieron, y el cobro de comisiones indebidas en la entrega de microcréditos para mejoras en viviendas.

Para la investigación, “las maniobras defraudatorias investigadas en la causa” implican “el desvío de fondos en favor de los particulares”. Y fuenets judiciales añaden que es probable antes de la apertura del juicio se sumen a la lista de procesados otros exfuncionarios tanto nacionales como locales.

En el medio, hay un empresario del riñón de Ducoté, principal imputado, Jorge Leonhard,  denunciado por “abuso de autoridad, asociación ilícita y malversación de caudales públicos” a raíz de la utilización personal de los servicios de empleados municipales pagados por la Comuna, entre ellos policías, albañiles, choferes y hasta personal de casas particulares a las que habría llevado a Punta del Este, siempre a costo del Municipio.

 

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