El Correo Argentino hizo una nueva propuesta de pago de su deuda con el Estado nacional que no difiere demasiado de la que generó escándalo y diversos planteos judiciales en junio de 2016. La empresa del Grupo Macri volvió a proponer un plan de pagos que implica una quita de deuda de más del 90%, que concluiría en 2033, y agregó la posibilidad de un “reconocimiento adicional” de intereses siempre y cuando gane los juicios que lleva adelante contra el Estado.
La propuesta realizada en 2016, que originalmente había sido aceptada por el Gobierno de Mauricio Macri, fue impugnada por la fiscal Gabriela Boquín por considerar que era un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” para el Estado, logrando frenarlo e incluso, luego de que estallara el escándalo, obligar al presidente a prometer que el caso volvería a “fojas cero”. Sin embargo, en la audiencia realizada este martes en la Cámara Comercial, el Correo volvió a hacer una propuesta de pago similar, solo reduciendo la cantidad de cuotas en que pensaba saldar el pequeño porcentaje de deuda que reconocía (menos de 300 millones sobre un reclamo de 4 mil millones de pesos) de 15 a 13, aunque manteniendo el último vencimiento en 2033, y planteando la posibilidad de un “reconocimiento adicional”, en concepto de intereses con tasa pasiva, si ganara los juicios que lleva adelante contra el Estado, es decir, pagando la diferencia con el propio dinero estatal.
La propuesta presentada por la empresa este martes 10 de julio debió haberse hecho en marzo del año pasado, pero el Correo la fue postergando con diversos recursos legales. La propuesa de la empresa, presentada por el actual titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y su patrocinante, Jaime Kleidermacher, confirma que “la concursada mantiene su compromiso de pago ofrecido en la audiencia del 28 de junio de 2016 con una mejora en términos de plazo y monto”. El proceso para intentar cobrar la millonaria deuda ya lleva 17 años.
El acuerdo que se retiró luego del escándalo mediático implicaba un plan de pagos parciales a una tasa bajísima del 7% que al fin de la financiación, en 2033, hubiera implicado una quita de 70 mil millones de pesos, según el cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público Fiscal (DAFI).
Luego de la presentación de la propuesta del Correo, el Estado cuenta con un plazo de 45 días para resolver si la acepta. Según los decretos de transparencia impulsados por Macri luego del escándalo del Correo, la resolución deberá contar con dictámenes de la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Procuración del Tesoro.
