El juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la única parte de la investigación por los aportantes truchos a la campaña electoral de Cambiemos de 2017, buscar retener una causa en sus manos para que no sea unificada con la que ya tramita en la justicia electoral. El juez unificó en una misma causa las denuncias por el irregular financiamiento de campaña en provincia de Buenos Aires y las que se plantearon contra la lista porteña de Vamos Juntos, encabezada la actual diputada Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.
Según afirma Ámbito Financiero, partiendo del escándalo por los aportantes truchos para la campaña bonaerense de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, donde se confirmó que figuraban como donantes cientos de beneficiarios de planes sociales que luego negaron su aporte (en un mecanismo utilizado para blanquear aportes empresarios prohibidos por la ley), el juez Casanello ya habría decidido unificar parte de la causa que aún está en sus manos con la que involucra a la lista oficialista encabezada por Carrió, por considerar que repite el mismo mecanismo fraudulento para blanquear aportes ilegales. El fallo en el que el juez se declara competente en la causa será conocido en los próximos días y en el ámbito judicial se considera que se trata de una bomba política que propinará otro fuerte golpe a las promesas de transparencia de Cambiemos.
Las denuncias originales sobre el tema fueron de la ONG La Alameda y de la dirigente de GEN Margarita Stolbizer, quien explicó: “Critiqué mucho al Gobierno anterior porque vivían al margen de la ley, la ley era sólo para los giles, y estos hacen lo mismo”. Stolbizer presentó unos 150 casos de financiamiento para Vamos Juntos “fraguado a través de falsos aportantes”.
Se estima que la lista de Carrió recaudó unos 12 millones de pesos, de los cuales por lo menos 8 figuran como aportados por funcionarios públicos a través de un mecanismo fraudulento de robo de indentidad y falsificación de documentos públicos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires el mecanismo habría pasado por tomar el organigrama completo de la administración pública de la ciudad para asignarle arbitrariamente y sin consentimiento un aporte a cada secretario, subsecretarios, gerente, subgerente, director y subdirector. Así, el 65% de los supuestos aportantes a Vamos Juntos serían empleados estatales a nivel nacional, bonaerense o de la ciudad, con el 94% de los aportes hechos en efectivo para dificultar el rastreo de las fuentes y donaciones que en el caso de los funcionarios porteños se concretaron todos en un plazo de tres días.
Para el juez Casanello, a los delitos de robo de identidad y lavado de dinero podría sumarse el de asociación ilícita ya que el esquema de financiamiento fraudulento no puede haber sido planeado y ejecutado por una sola personal.
Según un informe en poder de la Cámara Nacional Electoral, a los 12 millones de pesos declarados como aportes de campaña por la lista de Carrió en 2017, habría que sumarle lo declarado para la campaña legislativa bonaerense del mismo año y la presidencial de 2015, con lo que el monto total alcanza unos 214 millones de pesos, presuntamente obtenidos en forma irregular. Así, la investigación sobre los aportantes truchos, después de involucrar a la administración bonaerense de María Eugenia Vidal y ahora a la lista oficialista de Lilita Carrió en la Ciudad, podría llegar a la brevedad a tocar al propio presidente Mauricio Macri.
