Lo hizo a través de un escrito a la jueza María Eugenia Capuchetti, donde pidió que sume a la investigación por defraudación el documento del organismo, crítico con el gobierno de Mauricio Macri en la toma de deuda externa.
La revisión que el Fondo Monetario Internacional (FMI), hizo del proceso de toma de deuda por parte de la Argentina entre los años 2018 y 2019, tiene en nuestro país su primera derivación judicial. El último movimiento en la causa en la que se analiza si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y el propio expresidente, incurrieron en delitos, surgió apenas pocas después de conocido el informe del Fondo, que reconoció que el programa aprobado en el gobierno de Mauricio Macri en 2018 “no cumplió con los objetivos”.
Parte de esos incumplimientos son la admisión del organismo sobre la fuga de capitales, de parte del préstamo de casi 45 mil millones de dólares. Esos movimientos y la indagación acerca del rol de Macri y sus funcionarios, llevaron a diferentes organismos nacionales, como la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, el Banco Central y la Procuración del Tesoro a sostener la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad; malversación de caudales públicos; y defraudación por administración infiel, en perjuicio de la Administración Pública Nacional.
El directorio del FMI hizo la Evaluación Ex Post del programa stand by por u$s 57.000 millones, del cual se llegaron a desembolsar u$s 44.867 millones. Los señalamientos hacia el equipo económico de Macri, liderado por Nicolás Dujovne, al frente del entonces Ministerio de Hacienda, y Guido Sandleris, en el Banco Central, fueron contundentes y se enmarcaron en una crítica que incluyó el manejo de la inflación, de los controles de cambio y de las reservas.
A través de una cautelar pidieron evitar el pago de u$s1.800 millones al FMI
Además, destacaron que el Gobierno de Macri no reestructuró la deuda en moneda extranjera a tiempo, para intentar reducir las necesidades de financiamiento de corto plazo y que debió implementar un control de capitales para evitar la salida de divisas del país, decisión que se tomó sólo después de las PASO de agosto de 2019.
El fiscal Franco Picardi ya había elevado en abril la denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Felix Crous, que se sustentaba en los informes del Banco Central de la República Argentina y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación.
En esa denuncia, además de Macri, están el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.
La OA quiere saber «si existieron vínculos entre los funcionarios y los compradores, y si estos pudieron prevalerse de información privilegiada -y quién la suministró-, para asegurar esas ganancias, que son el espejo del perjuicio que debe afrontar la mayoría del pueblo argentino».
