Este miércoles el fiscal Germán Moldes pidió la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza, liberados hace 15 días por la Sala I de la Cámara Federal, además de la del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por la causa en la que los titulares del ex grupo Indalo están acusados de haber retenido 8 mil millones de pesos en impuestos a los combustibles, con el presunto aval del Estado.
El planteo de Moldes apunta a que los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación (Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa), revoquen la decisión de la Cámara Federal y vuelva a plantear la detención de los acusados. Sin embargo, la resolución de Casación no será inmediata sino que deberá analizar el caso y el pronunciamiento no será antes del me de abril.
La decisión de liberar a López y a De Souza, firmada por los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, se basó en el cambio de la calificación legal del delito investigado por entender que debían ser juzgados por evasión fiscal en vez de por fraude, lo que aliviabas las penas correspondientes y permitía la excarcelación.
El fiscal de la primera instancia, Gerardo Pollicita, había planteado la figura de fraude, vinculando la evasión de la empresa Oil por el sistemático no pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a un esquema de corrupción generalizado del kircherismo, ya que la evasión de Oil sólo pudo ser posible con el aval de la agencia recaudadora. Asimismo, denunció que esos 8 mil millones de pesos no tributados fueron los que permitieron el crecimiento del Grupo Indalo, la adquisición de medios de comunicación, etc.
Desde el Gobierno la decisión del cambio de carátula fue recibida con desagrado y el mismo presidente Mauricio Macri manifestó su “indignación” por el caso. En estos días la Corte Suprema abrió un sumario para investigar si fue legítima la designación de Farah para completar la conformación de la Sala I de la Cámara Federal que intervino en el expediente. También la diputada Elisa Carrió denunció penalmente a los camaristas, planteando la posibilidad de que haya habido sobornos o tráfico de influencias involucrados en la decisión que permitió la liberación de los empresarios.
