A pocos días del arribo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se filtró la posibilidad de que el gobierno cierre la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA. Tensiones entre el titular del organismo, Mario Cimadevilla, que denunció serios problemas de financiamiento, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, que bloqueó fondos para diversos proyectos. Este lunes, fuentes del Gobierno dejaron trascender que la Unidad “ya no tiene razón de ser”.
La Unidad Especial AMIA fue creada en el año 2000 con el objetivo de acelerar la investigación del atentado contra la mutual judía producido el 18 de julio de 1994. Desde la asunción de Mauricio Macri el organismo fue elevado al rango de Secretaría y se puso al frente del mismo al ex senador radical Mario Cimadevilla. La Secretaría trabaja en coordinación con la Unidad de Instrucción Fiscal (UFI), cuyo titular fuera el fallecido fiscal Alberto Nisman, actualmente constituida por tres fiscales: Roberto Salum, Leonardo Filippini y Santiago Eyherabide.
En los últimos días trascendió que el gobierno retaceaba 500 mil pesos de presupuesto prometido para la unidad para sistematizar e informatizar información de los miles de fojas de la causal. Según Cimadevilla, Garavano también “bloqueó” la contratación de un software especial “leer” la causa (presupuestado en unos dos millones de dólares), cuyo manejo implicaba sumar a unas 30 personas a la estructura de la unidad. “La causa Amia tiene 600 mil fojas, leerlas llevaría de 5 a 6 años, pero hoy existen programas que cuando uno digitaliza las causas, mete la documentación y estos cruzan datos nombres, fechas, hechos y permiten en muy poco tiempo determinar cómo se habría cometido el delito”, eplicó Cimadevilla en declaraciones periodísticas.
Luego explicó que el pedido para adquirir el software se realizó hace un año y que si se hubiera aprobado en su momento “ya podríamos tener todo esto concluido”: “Si se nos permitiera adquirir esta tecnología, aportar elementos nuevos a la investigación, incluso la función de esa secretaría estaría cumplida porque estaríamos cumpliendo con los compromisos asumidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)».
Después de que el lunes trascendiera desde fuentes oficiales. Funcionarios del Gobierno declararon a Infobae: “La intención fundamental de la Unidad AMIA era darle celeridad a la causa judicial, colaborar con la redacción del proyecto de ley de juicio en ausencia y pagar las indemnizaciones a las familias de las víctimas del atentado. Todo eso ya se cumplió. De ahora en más la Unidad Especial de AMIA deja de tener mucha razón de ser”.
Sin embargo, ante la inmediata reacción de diversos sectores políticos y sociales, y ante el conflicto que podría plantear el pésimo timming de la decisión, a una semana del arribo de Benjamin Netanyahu, el primer Premier israelí que visita nuestro país, en horas de la noche del lunes ya comenzaron a aparecer los paños fríos. Fuentes del Ministerio de Justicia salieron anoche a desmentir las intenciones oficiales de clausurar la Unidad Especial AMIA y afirmaron que, “al contrario, el gobierno tiene un compromiso inalterable en el esclarecimiento del atentado y pone a disposición del Poder Judicial todo lo necesario”.
