La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja a los 8.538 empleados públicos de diez provincias que cobran, a la vez, el Potenciar Trabajo, una violación a la norma del mayor programa social que estaba bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social y que era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández
El portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno Nacional «inicia la auditoría en todos los planes potenciar trabajo, que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta».
«Saludamos la investigación del fiscal donde se acreditó la identidad de 8 mil personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o dependencias (del Estado). Además de los 60 mil beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque habían tenido consumos que no coincidían con ser beneficiaros», destacó.
En ese sentido, el funcionario comentó que esos «160 mil planes equivalen a 10 mil millones de pesos que los argentinos no tienen ni deben hacerse cargo».
Adorni agregó que el objetivo de la iniciativa es «transparentar el sistema» y que los planes «dejen de significar un negocio para los intermediarios».
Respecto de la actualización de los montos que reciben los beneficiarios, Adorni dijo que «están congelados» y que el foco está puesto en los más vulnerables.
Además, recordó el aumento fijado para la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar pero señaló que se «administran recursos escasos ante necesidades infinitas».
