Tras el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la reforma de 2006 y puso un plazo hasta abril para ampliar la composición, de acuerdo a la ley anterior, el oficialismo quiere tratar el tema en extraordinarias.
Después de 15 años la Corte dictaminó que la ley que había reducido el número de integrantes del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 miembros es inconstitucional. Además, el órgano encargado de seleccionar y remover jueces y manejar el presupuesto del Poder Judicial, volverá a ser presidido por el presidente de la Corte, en este caso Horacio Rosatti.
El argumento de la Corte es «restituir el equilibrio» entre los sectores que integran el Consejo: poderes Judicial, Ejecutivo, Legislativo, académicos y abogados. Por eso, el Gobierno quiere que en la sesiones extraordinarias, entre este mes y febrero, se trate una nueva ley. Ya hay un proyecto del Ejecutivo presentado a través del Senado, que puede ser el primer paso.
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Los 120 días que corren hasta abril fijados por el fallo de la Corte, tienen resistencia tanto entre académicos como en la propia corporación de los abogados, que ya adelantaron que no van a poder cumplir con ese tiempo y tanto desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) como desde el Consejo Interuniversitario Nacional adelantaron que no podrán elegir a sus representantes en el tiempo previsto.
El problema, operativo pero también de fondo, es que a partir del día 121 (ocurrirá en abril), las decisiones del Consejo de la Magistratura serán declaradas nulas, haciendo en la práctica desaparecer un organismo surgido de la reforma constitucional de 1994, que nunca terminó de conformar a nadie.
«Es imposible organizar en menos de cuatro meses la elección de uno de los representantes de los abogados entre más de 50 mil matriculados», dijo Jorge Rizzo, ex presidente del CPACF.
En el Consejo Interuniversitario señalaron que antes de elegir un nuevo representante del estamento académico deben reformar su estatuto, algo que ocurrirá el mes que viene, y luego realizar un plenario de rectores, previsto para abril, con lo cual los tiempos son muy escasos.
Para volver a los 20 miembros de la antigua composición, sobre los 13 del presente, deben sumarse a los actuales consejeros, un senador, un diputado, dos abogados, un juez y un académico, además de Rosatti, titular de la Corte. Los magistrados ya dijeron que pondrán en marcha la selección de un representante entre sus 900 afiliados. La Federación Argentina de Colegios de Abogados, que reúne a los letrados del interior, también acompaña la decisión de la Corte.
En una entrevista con el diario Clarín, el titular de la Corte, Horacio Rosatti, dijo que era «razonable» el plazo de 120 días para que el Congreso sancionara una nueva ley para cambiar la composición del Consejo.
En esa normativa que se analiza discutir en extraordinarias en el Congreso, puede haber una cláusula transitoria para que los actuales representantes continúen hasta las elecciones de sus estamentos.
La nueva ley tiene previsto aumentar el número de consejeros de los 13 actuales a 17: esa cantidad se compondría de cuatro jueces, seis legisladores, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico.
