El Gobierno confirmó que ya se hicieron 8.900 denuncias por extorsión para asistir a la marcha

El Gobierno nacional confirmó que ya se registraron más de 8 mil denuncias en la línea 134. Varios dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) advirtieron este miércoles que «la extorsión es delito».

«Las denuncias recibidas en la línea 134 confirman que muchas personas son amenazadas para participar en marchas de la izquierda piquetera», indicó la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo. Aseguró que «el derecho a la protesta y a la circulación son compatibles con reglas claras» pero que «la extorsión es un delito». «¡Se tiene que acabar la esclavitud a la que son sometidos los más vulnerables!», afirmó la diputada.

Por su parte, el legislador porteño de LLA, Ramiro Marra, también remarcó que se recibieron «más de 4.000 denuncias de personas amenazadas con ir a marchar por miedo a perder su plan social» en las primeras horas de inauguración de la línea. «Desde el gobierno decidimos terminar con esto. Los argentinos no vamos a permitir que los gerentes de la pobreza utilicen a los más necesitados para sus fines políticos», sostuvo el político y concluyó: «Se les acabó la joda».

Luego, el diputado retomó el tema en otro posteo de su cuenta oficial en redes sociales. «Si los piqueteros van a actuar cómo criminales al no obedecer la ley, espero que al menos no sean tan cobardes de llevar niños a la marcha», afirmó. «Ellos son las verdaderas víctimas de este sistema mafioso de los líderes piqueteros. Quien no respete la ley, que lo pague en la justicia», agregó.

El gobierno habilitó la línea 134 para que las personas puedan denunciar en caso de amenazas y extorsiones por parte de las organizaciones sindicales con el objetivo de obligarlos a asistir a la movilización. Según informó, en el primer día la línea recibió 4.310 denuncias.

«El derecho a manifestarse se respeta siempre y cuando no impida la libre circulación», advirtió. Por eso, aquellos que quieran protestar podrán hacerlo en parques, plazas y veredas. De lo contrario, podrán ser multados o incluso encarcelados. «Manifestarse es un derecho, cortar la calle es un delito. La pena por cortar la calle va de 2 a 3 años de prisión», avisó Adorni.

 

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