Está ubicada en la zona de los diques de El Carmen, los quieren destinar para un negocio inmobiliario y es la tercera vez que Gerardo Morales (UCR-JxC), intenta hacerlo.
El gobierno de Gerardo Morales llamó a la apertura de sobres para adjudicar los primeros 20 lotes de un total de 68 que venderá el gobierno provincial.
Como forma de mostrar su rechazo a la iniciativa, familias y organizaciones campesinas jujeñas se manifestaron para detener el avance de la venta de 20 lotes que comprenden la zona de los diques ubicados en el departamento El Carmen, en la región de Los Valles de Jujuy.
Desde la Organización Campesina de Los Perilagos y el Movimiento Nacional Campesino Indígena señalan que se trata de un negocio inmobiliario que el gobernador radical Gerardo Morales comenzó a delinear en 2017, cuando se aprobó la ley provincial N° 6049/17. En esa norma se modificó la denominación de «Área natural protegida Los Diques», establecida en la ley provincial N° 5365; para pasar a llamarse «Área de Desarrollo Sostenible de los Diques».
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Natalia Peñaloza, abogada de las familias campesinas señaló que con la sanción de la nueva ley se quitó la categoría de «reserva natural» y se pasó a la categoría de «zona de eco desarrollo», inexistente en la legislación. En 2018 presentaron un primer amparo ambiental ante la justicia jujeña, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la ley 6049. Pero fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia, donde Gerardo Morales tiene una amplia comodidad, al punto tal que apenas asumido en 2015, modificó el número de sus integrantes, con dos diputados radicales que pasaron de votar la ampliación a ser miembros del tribunal.
Esa votación se hizo el 15 de diciembre de 2015, y en la misma semana Morales pudo nombrar a cuatro de los nueve jueces. De esta manera, el Tribunal pasó a integrar a cuatro jueces de reconocida pertenencia a la Unión Cívica Radical (UCR). Incluso dos de ellos, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, eran legisladores al momento del tratamiento del proyecto de ampliación. Altamirano aún está en el máximo tribunal.
Federico Otaola es el actual presidente del Superior Tribunal y en 2011 fue candidato a vicegobernador secundando a María Fiad en la fórmula de la UCR. Mientras que Clara De Langhe Falcone, que era la presidenta en 2015, fue legisladora radical hasta 2010, año en que fue nombrada jueza del Superior Tribunal.
Desde el sector campesino plantean que Gerardo Morales, además de tener el control total del Ejecutivo, también lo tiene en los poderes Legislativo y Judicial.
Luego del fallo negativo al amparo ambiental presentado en 2018, las organizaciones apelaron en 2019 y el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), donde se encuentra desde agosto de 2020. Peñaloza dijo que hay una inconstitucionalidad en la nueva legislación porque es violatoria a los principios de progresividad pues «se debe dar más protección a las áreas protegidas, pero lo que hizo Morales fue sacarle esa categoría, y desprotegerlos».
El proyecto para llevar adelante los loteos se reactivó con la nueva ley, pero no se concretó y tuvo que volver a cero, porque no se había llevado adelante la audiencia pública como corresponde dado que nadie pudo acceder al estudio de impacto ambiental. Ese fue el primer intento.
En pleno inicio de la pandemia se dio el segundo intento. Ahí se aprobó el estudio de factibilidad ambiental, a través del Ministerio de Ambiente de Jujuy, y quisieron llamar a una audiencia pública en plena medidas de Aislamiento Social (ASPO) que había en todo el país. Otra vez, las organizaciones campesinas presentaron un amparo ambiental en septiembre de 2020, y pidieron la cancelación de cualquier medida que los convoque en ese contexto sanitario.
Luego de ese amparo, se declaró la nulidad de la factibilidad ambiental y la licitación de los loteos porque no se siguió el proceso establecido en la ley nacional N° 25675. Peñaloza contó que en plena feria judicial empezaron con la licitación de los terrenos, pero tuvo que ser suspendida porque no contó con la participación ciudadana.
Sin embargo, volvieron a activar el proyecto en 2021. En ese momento, ya tenían la aprobación de la factibilidad ambiental, y llamaron a una audiencia pública en el departamento El Carmen.
En esa audiencia existió un masivo rechazo al proyecto, pero «fueron groseramente ignoradas por el gobierno».
La abogada Peñaloza aseguró que se está «invisibilizando tanto a los campesinos como a los derechos que los protegen», en los planos internacionales, nacionales y provinciales. «Si bien los campesinos participaron de las audiencias, el expediente refleja la invisibilización de los mismos porque el gobierno provincial entiende que en la parte que se va a lotear, no vive nadie y tampoco se produce».
