Luego del dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado argentino a dar una pronta respuesta a la solicitud del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que consideró arbitraría la prisión preventiva de Milagro Sala, parecía que estaba todo encaminado para que le otorguen a la dirigente social la prisión domiciliaria.
Incluso, desde Jujuy aseguran que era una mera cuestión de trámites: el ejecutivo nacional notificó formalmente a Gerardo Morales, quien envió r ese mismo dictamen al Superior Tribunal de Justicia, para que notifique a los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen; teniendo que finalmente correr vista al Ministerio, para que se instrumentaría la prisión domiciliaria.
Pese a ello, Luciano Rivas, actual secretario de Gobierno, y quien inició las denuncias contra Milagro Sala por el “escrache a Morales” del año 2009, remarcó que existe una condena de la Justicia Federal, por lo cual se debería dictar sentencia en el Tribunal Oral Federal: “De no prosperar el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que desde una visión profesional uno intuye que no le van a dar lugar, tendrán que hacer cumplimiento efectivo de la condena, de nuestro lado se va a pedir la máxima pena por lo que tendrá que ir al Penal Federal de Güemes en Salta”.
Incluso, el funcionario aseguró que la resolución de la CIDH es de “un desconocimiento total y absoluto del ordenamiento jurídico argentino, del ordenamiento procesal penal de la provincia de Jujuy, desconocimiento de la situación y la idiosincrasia que pasó la provincia con esta mujer”. “Milagro Sala es una delincuente, por eso está condenada”, remarcó.
