Este jueves desde el Gobierno nacional y varios organismos de derechos humanos se confirmó la decisión de no asistir a la reunión de la Comisión Interpoderes que convocó el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz. La decisión se tomó en medio del conflicto por el juicio político contra el presidente del cuerpo pedido por la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley y la tensión con el oficialismo por el involucramiento del Máximo Tribunal en el “per saltum” solicitado por los jueces “trasladados” Leonardo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
La Comisión Interpoderes, que directamene dejó de funcionar durante todo el gobierno de Mauricio Macri, tenía a su cargo el análisis de las causas sobre delitos de lesa humanidad. Esta falta de funcionamiento del organismo se denunciaba en el pedido de jury solicitado por Siley, que además remarca el rol de Rosenkrantz en relación con muchas de estas causas, en las que habría “favorecido y asegurado la impunidad de los responsables del terorrismo de Estado”.
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Rosenkrantz, además de ser uno de los impulsores del polémico fallo que propuso aplicarle el 2×1 a las condenas de los genocidas detenidos por delitos de lesa humanidad (sobre el que la Corte luego tuvo que retroceder), ha “cajoneado” distintas causas sobre represión ilegal durante la dictadura cívico militar de 1976, incluyendo una que investiga la responsabilidad de la familia Blaquier en el llamado “apagón de Ledesma”. Por estos motivos se considera que la actual convocatoria a la Comisión Interpoderes constituye una decisión “oportunista” del magistrado que apunta a un reposicionamiento personal en un contexto crítico.
Por ello no participarán del encuentro la ministra de Justicia Marcela Losardo, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Hugo Yasky, ni el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado Martín Fresneda, como así tampoco lo harán representantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Desde el Gobierno consideran que la Corte debería fijar posición respecto de los delitos de lesa humanidad desde sus fallos en los más de 50 casos pendientes y no con este tipo de convocatorias después de años de desatención al tema.
En este sentido, el Poder Ejecutivo envió una nota firmada por Losardo y Pietragalla en la que “declina” la invitación y señala que desde la última reunión del organismo (el 23 de septiembre de 2016) “el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso”. Y agrega: “En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos —que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia—, no deja de resultar oportunista”.
La Corte le hizo un guiño a los jueces macristas y aceptó los per saltum
“No están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado. Las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento. Esta preocupante situación se ve agravada por el contexto de la pandemia. Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas —muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años— implica necesariamente la consolidación de la “impunidad biológica”: los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación”, señala el texto oficial.
Y concluye: “La respuesta de la Corte Suprema debería ser categórica. Una verdadera política de Estado no se puede basar en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente, que incluya por parte del Alto Tribunal de nuestro país medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos. El proceso de memoria, verdad y justicia necesita una Corte Suprema realmente comprometida; que, por ejemplo, resuelva cuanto antes las decenas de causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad que se encuentran a su estudio hace ya varios años, como la de la “Masacre de Trelew”; la de la “Masacre de Capilla del Rosario”; o la de “Feced II”.
