Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) confirma que los proyectos de obras de infraestructura aprobados por el gobierno de Mauricio Macri bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP) resultaron hasta tres veces más costosos que con el financiamiento estatal. Además se detectaron numerosas irregularidades y falta de controles.
Hace quince días el Gobierno Nacional decidió rescindir dos de los seis contratos PPP por considerar que de haber avanzado con estas obras, el costo para el Estado argentino se hubiera triplicado. La estrategia fue implementada por el Gobierno de Cambiemos después del inicio de la crisis económica y la gran devaluación de principios de 2018 que decidieron a Macri a volver al FMI. Como contraparte para el millonario crédito stand-by del organismo internacional, el Estado argentino se comprometió a recortar el gasto público en todas las áreas posibles, por lo que se recurrió al PPP como alternativa para garantizar algunas obras de infraestructura, particularmente construcción de rutas (área que involucraba directamente al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich).
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El informe de más de 200 carillas de la AGN confirma, según señala Ámbito Financiero, que “se observa una significativa brecha entre los montos calculados y lo efectivamente contratado”. Y agrega: “La Dirección de Vialidad estimó un presupuesto de costos por un valor de 5.338 millones de dólares a noviembre de 2017, las ofertas se adjudicaron por 9.969 millones de dólares y en la actualidad se calcula que rondaría los 13.100 millones de dólares”.
En el esquema PPP se preveían para erogaciones estatales en dólares para las empresas privadas a cargo de los proyectos, además atadas al aumento del riesgo país y la evolución de los títulos públicos. “Las erogaciones se cotizan en dólares pero los ingresos para financiar las obras de PPP provienen de un fondo que recibe pesos de los impuestos sobre el gasoil y los combustibles líquidos”, detalla el informe.
Si bien se llegaron a autorizar 52 obras bajo el esquema PPP (incluyendo hospitales, rutas, ferrocarriles, transporte eléctrico, alumbrado público, desarrollo de viviendas, agua potable, sistemas cloacales y el Sistema de Acueducto Norte), sólo se comenzó a trabajar en los corredores viales, pero la mayoría de las obras se paralizaron antes del final del gobierno de Macri ante la disparada del dólar y los graves problemas económicos del país, con avances de obras que en algunos casos llegaron apenas al 2%.
En cuanto a la falta de controles, el informe de AGN destaca que el área a cargo “no contaba con un responsable de acceso a la información pública, tampoco con manuales de situación de fraude ni con un área de prevención de lavado de activos”. Además, José Luis Morea, el funcionario a cargo de la Secretaría PPP, fue simultáneamente nombrado como director del BICE, entidad bancaria involucrada en los proyectos.
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