La norma estuvo vigente durante 15 años y buscaba fomentar el pago electrónico para evitar la evasión fiscal. La misma venía siendo renovada, y de hecho el Gobierno de Mauricio Macri la había prorrogado en abril hasta el 31 de diciembre, pero ahora decidió ponerle fin. Desde Economía aducen que el objetivo ya había sido logrado, y que generaba un costo fiscal innecesario.
En 2015 el costo de las devoluciones había sido de 4.535 millones de pesos, en 2016 de 6.077 y la norma estaba prevista en el presupuesto 2017 con un valor estimado de 7.500 millones de pesos.
La norma había entrado en vigencia en 2001 y contemplaba desde ese entonces un tope de 1.000 pesos mensuales, a la vez que incluía todas las compras de objetos muebles o contratación de servicios para consumidores finales.
