En la previa de las elecciones, el Gobierno nacional decidió fortalecer su alianza con los gremios, concediendo por decreto un viejo reclamo de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), que pasaba por la eliminación del derecho del afiliado de elegir libremente su obra social desde el mismo momento de su incorporación laboral. Tras el cambio definido por el presidente Alberto Fernández, ahora deberá transcurrir un año antes de que pueda ejercer esa opción.
El artículo 4° del Decreto 438/2021 publicado este miércoles en el Boletín Oficial (que sustituye al Decreto N° 1400/01 que habilitaba la libre elección de obra social), establece que ahora los trabajadores “deberán permanecer un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”, un derecho que se podrá ejercer sólo una vez por año. La norma lleva la firma de Alberto Fernández, del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y de la ministra de Salud Carla Vizzotti.
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Las obras sociales, por su parte deberán “garantizar el acceso a la información detallada, completa y adecuada a los beneficiarios y a las beneficiarias respecto de la cobertura prestacional brindada”, permitiendo que los beneficiarios “puedan acceder en todo momento a la cartilla completa, con los planes y programas de cobertura, a través del Sitio web institucional de la entidad y otros canales que la entidad brinde”.
Según detalló la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), solo durante el pasado mes de junio se produjeron 42.075 opciones de cambio, estimándose en alrededor de medio millón por año. Desde la mirada gremial, este proceso de traspaso libre recortaba la cantidad de afiliados de las obras sociales sindicales (particularmente los trabajadores jóvenes y con buenos salarios), trasladando esos aportes a las empresas de medicina privada y agravando así los históricos problemas de financiamiento del sector.
El planteo ya había sido llevado por la CGT al Gobierno en la reunión que mantuvieron con el Presidente en Olivos en el mes de mayo. Aunque despertó críticas desde numerosos sectores que leyeron la medida como un recorte de derechos, desde la central obrera celebraron la decisión sancionada este martes por el oficialismo. José Luis Lingeri, Secretario General del Sindicato de Obras Sanitarias, manifestó: “Hoy podemos estar satisfechos con esta medida por la que batallamos mucho tiempo”.
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También desde la oposición se elevaron voces críticas respecto del decreto. La diputada Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) denunció: “No tengo dudas que se trata de un pacto entre Alberto Fernández y los sindicatos que están preocupados por la reforma del sistema de salud que quiere implementar CFK. Se refuerza la alianza de parte del kirchnerismo con el sindicalismo y se premia a las obras sociales que no dan servicio en detrimento de los trabajadores que hacen sus aportes como corresponde”.
Incluso algún habitual aliado legislativo del oficialismo, como el mendocino José Luis Ramón, hizo públicas sus objeciones al decreto: “Va en contra de todo, no una justificación. Y viola el derecho constitucional a elegir del consumidor. Es lo mismo que cuando te obligan a estar en determinado banco. Esto solo perjudica al consumidor y la única explicación es el negocio forzado de un grupo de empresas con poder de lobby”.
