Finalmente el Gobierno nacional oficializó su decisión de suspender la cesión de 31 inmuebles que la gestión de Mauricio Macri le había cedido a la Ciudad de Buenos Aires, para avanzar en la revisión minuciosa caso por caso, tal como se había anticipado durante el fin de semana. Se recuerda que está vigente la prohibición de “dictar cualquier disposición que implique la donación o venta de activos fijos durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato”.
Entre las escrituras cuestionadas se cuentan las de playas ferroviarias y parcelas ubicadas en Caballito, Belgrano y Liniers, la concesión de los espacios debajo de los viaductos Mitre y el San Martín y 10 inmuebles vinculados con el Paseo del Bajo, además de una serie de compensaciones por pagos no realizados desde Nación. Según el actual titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) Martín Cosentino, en la cesión operó una “enorme discrecionalidad”, lo que puede constatarse en la cesión durante los últimos tres meses de mandato de Cambiemos de inmuebles valuados en aproximadamente 15.800 millones de pesos.
Con la publicación del Decreto 145/2020 en el Boletín Oficial se deroga el inciso 23 del artículo 8° del Decreto 1382/12, “por el cual se facultó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a ‘dar en pago’ los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino, a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera y/o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario que haya asumido el Estado Nacional, en el marco de convenios, contratos, actas o acuerdos celebrados con las Provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El Gobierno analiza anular por decreto las cesiones de bienes de Macri a la Ciudad
Se considera que el inciso derogado, “desnaturaliza la función asignada a la AABE e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional”. También se denuncia que priva al Estado de la posibilidad de “obtener ofertas económicas superiores a la tasación oficial, lo que resulta asimismo desaconsejable desde el punto de vista financiero ya que, entre otros efectos negativos a los intereses del Estado, impide el devengamiento de los diversos pagos a medida que se producen los vencimientos de las hipotéticas obligaciones que se pretenden cancelar o aplicar mecanismos de puja pública a fin de obtener el mejor precio pretendido”.
La decisión de suspender el traspaso y avanzar hacia la revisión caso por caso apunta a evitar que se consolide la situación irregular y dejar abierta la posibilidad de anular el traspaso en el futuro. En este sentido, se considera que el hecho “se torna aún más gravoso y reprochable” en tanto la medida fue adoptada por el gobierno de Macri al día siguiente de las elecciones generales de octubre de 2019. “La dación en pago de inmuebles se realiza exclusivamente a favor de una sola jurisdicción, como ha ocurrido con las formalizadas a favor de la Ciudad de Buenos Aires durante el último semestre del fin del mandato de la gestión anterior, contraviniendo expresas normas que prohíben dichos actos de disposición”, se añade en el decreto.
Según el gobierno de Alberto Fernández, esta cesión millonaria de bienes a la Ciudad “hace inferir que la urgencia en el dictado de la norma que se critica estaba dada para concretar las operaciones realizadas a favor” del distrito que encabezado por Horacio Rodríguez Larreta “y no en mejorar el ejercicio de las atribuciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado en favor del interés público o en pos de cualquier otro fin que no sea de favorecer discrecionalmente a una sola jurisdicción”.
Este lunes también se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 149/2020 por el que se instruye a la AABE a “revisar en un plazo no mayor a sesenta días, la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de cualquiera de sus organismos, entidades, sociedades del estado o con participación estatal mayoritaria, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, a fin de que en caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos, se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales”.
