El oficialismo decidió no renovar la ley de emergencia económica vigente desde hace 16 años, cuando en medio de la crisis desatada en diciembre de 2001, Eduardo Duhalde la aprobó, y la cual fue prorrogada por todos los gobierno subsiguiente.
La misma, delegaba en el poder ejecutivo facultades extraordinarias para poder fijar, por ejemplo, el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, o reasignar partidas. Asimismo, mediante la vigencia de la ley, el presidente podía establecer retenciones a la exportación de hidrocarburos, determinar tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas.
«Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca», sostenía dicha ley.
Mauricio Macri nunca había llegado a prorrogarla, dado que Cristina Kirchner lo hizo al final de su mandato en 2015 y tenía vigencia de dos años.
