A través de la Unidad de Información Financiera, el Gobierno pidió elevar a juicio oral la causa contra la senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, y sus hijos por la causa Hotesur, que investiga «supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial».
En su presentación, los responsables de la UIF destacaron que en el caso de Hotesur existió «una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público».
Por ello sostuvieron que ante la existencia de una «organización criminal» que tuvo la finalidad de «sustraer y apoderarse del dinero de las arcas públicas» y que la causa Hotesur SA «no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones» en las que Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que direccionó obra pública a favor de Báez, como causa madre de otras maniobras de lavado.
Se estableció así, «un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades», algo que se investigó en Los Sauces SA (otra causa por lavado).
Según los fiscales, la hipótesis más firme que poseen es que la hipótesis que investigaron los fiscales Pollicita y Mahiques es que los ex presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.
