En la tarde del lunes, Juan José Aranguen, ministro de Energía, se reunirá a las 18 horas del lunes con representantes de las empresas petroleras para evitar un aumento en la nafta. La misión será difícil: el 80% del costo de los combustibles están atados al dólar y la última escalada de la divisa norteamericana empujará el precio, sin lugar a dudas. El Gobierno es consciente de que ese aumento tendrá un impacto decisivo en la inflación.
El argumento de los empresarios será conciso: le recordarán al funcionario que «en octubre, se encargó de liberar los precios. El mercado es libre; cualquier otra cosa que ocurra, debe surgir del Ejecutivo». En los últimos doce meses, las naftas treparon 40 por ciento, unos quince puntos más que la inflación. Según relevamientos privados, en esta ocasión el aumento debería rondar el 14 por ciento.
La Casa Rosada y Aranguren han evaluado que una nueva intervención oficial para contener los aumentos sería una mala señal para el mercado, que emparentaría la gestión actual a la de Cristina Kirchner. Sin embargo, no tienen demasiados elementos a los que apelar sin el consentimiento de las empresas al momento de postergar subas.
Lo que podría suceder es que las petroleras concuerden con la administración de Macri espaciar las subas a cambio de que les compensen el quebranto con una posible reducción de gravámenes sobre los combustibles mientras dure la presión cambiaria, algo que también está en la agenda del Gobierno.
