Desde el Ministerio de Justicia nacional se impulsa un plan de Reformas para acelerar los plazos de la Justicia, y por ende tiene en la mira la suspensión de la tradicional feria Judicial que abarca los 31 días del mes de enero y otros 15 días en los meses de julio/agosto.
No es una medida que haya caído simpática al poder Judicial, pero sí puede serlo para miles de ciudadanos que esperan durante 45 días que sus trámites descansen en los escritorios de Tribunales, interrumpiendo los plazos procesales, hasta que puedan seguir el circuito correspondiente y llegar a buen fin, en un país donde ya de por sí la Justicia es lenta por históricos problemas estructurales y burocráticos.
Por ser un derecho adquirido, esta modificación generará grandes resistencias internas de gremios judiciales y la negociación no será fácil, pero hay una “decisión política”, confirmó el ministro de Justicia de la Nación, Javier Garavano de avanzar en ese sentido “para que no permanezcan cerrados al público tanto tiempo Juzgados y Fiscalías”.
Garavano ya ensayó el sistema cuando fue fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y determinó un régimen de vacaciones de diciembre a abril, donde todos tenían su receso pero las ventanillas permanecían abiertas en todo momento. Algo similar es lo que se plantea dentro del proyecto que impulsa el gobierno.
