Desde la finalización del Consejo Federal de Energía (CFE) de este lunes, en el que el Gobierno nacional propuso “coparticipar” con las provincias un esfuerzo para amortiguar el impacto de los sucesivos incrementos en las tarifas de los servicios públicos, se vienen promocionando las sucesivas adhesiones al proyecto de provincia de Buenos Aires y de CABA como anticipos de un alivio para los ciudadanos en un tema que sin dudas es responsable de un importante malestar social. Pero el impacto de las rebajas impositivas adoptadas por los distritos locales podría ser ínfimo y en muchas provincias será directamente nulo.
La reducción de impuestos prometida ayer por María Eugenia Vidal para los servicios bonaerenses fue del 15% para la luz (que será aplicada en dos tramos) y un 6,3% para el gas y el agua. Sin embargo, la empresa provincial de aguas tiene cada vez menos usuarios, siendo la AySa la mayor distribuidora, que no queda afectada por la decisión de Buenos Aires ya que se encuentra regulada a nivel nacional (por lo que no se aplicarán descuentos en este rubro en la Ciudad de Buenos Aires y en los otros 25 distritos que abastece).
En el caso del gas, se elimina un impuesto provincial del 9%, cuyo impacto en las facturas es de 6,3% y se estima que el impacto de la rebaja será de entre 18 y 60 pesos, dependiendo del consumo. Para un hogar con consumo anual de 250 metros cúbicos (R1) y un pago estimado de 250 pesos mensuales la factura podría llegar a reducirse en 32 pesos bimestrales, mientras que para una boleta de 2000 sería de unos 125 pesos.
Los anuncios de Vidal requieren en algunos casos la validación de la Legislatura provincial y en otros la simple derogación de algunos decretos: en el caso de la electricidad dar de baja un fondo especial de desarrollo aprobado en 1967 y un gravamen adicional sobre el consumo de 1978, en el gas se suprime un decreto con un fondo para el desarrollo. Además, en el caso eléctrico, ya la Justicia había suspendido el Decreto Ley 9038/78 (5,5%) y el Decreto Ley 7290/67 (10 %) que hoy Vidal promete eliminar definitivamente. Ambos cargos estuvieron suspendidos por una cautelar durante casi todo 2016 y 2017, volviendo a ser aplicados este año por un fallo de la Justicia provincial que hizo caer la medida en diciembre de este año, por lo que el anuncio oficial no constituiría más que una vuelta al estado de cosas anterior a enero de este año.
El CFE, del que participaron representantes de 17 provincias, concluyó con un principio de acuerdo en el sentido de “realizar esfuerzos para transparentar, eliminar y/o reducir tasas y cargos que en la actualidad se incluyen como parte de las facturas de los servicios de energía eléctrica y gas, con el objetivo de reducir el monto de las facturas que pagan los usuarios”. Sin embargo, el preacuerdo debe ser implementado por las diversas jurisdicciones provinciales, que en muchos casos ya han manifestado algunos reparos o problemas y sólo algunos distritos aceptaron hacerse cargo de asumir el 50% del costo del mantenimiento de las tarifa social en sus distritos.
Un recinete informe del Ministerio de Energía confirma que prestadoras bonaerenses como EDEN, EDEA, EDES y EDELAP (todas del grupo DESA de Rogelio Pagano) son las que más cargos aplican a nivel nacional y el componente tributario de sus facturas llega casi al 50%, por lo que el anuncio de la reducción del 15% hecho por Vidal aparece como modesto. También es importante el componente tributario en las facturas de Entre Ríos (47,7%), Santiago del Estero (41,4%), San Juan (38,2%), La Rioja (38%) y Río Negro (33,4%), por lo que se espera la confirmación de las rebajas de impuestos locales para evaluar el impacto económico en cada uno de estos casos.
Más allá de la polémica política y económica por el tema tarifario, que ya ha sumado pronunciamientos críticos de los gobernadores de los gobernadores Juan Manuel Urtubey, Domingo Peppo y Miguel Lifschitz, entre otros, lo cierto es que hay varias provincias (entre ellas Salta, Catamarca, Formosa, Misiones, Corrientes, Santa Cruz y Chubut) donde no se aplican impuestos sobre los servicios públicos, por lo que el impacto de los anuncios de ayer sería directamente inexistente.
Por eso, mandatarios provinciales y legisladores han puesto el foco en la responsabilidad nacional en el costo tarifario, comenzando por la fijación de los precios de la energía mayorista y, sobre todo, el cobro de tributos nacionales que tienen las facturas, principalmente el pago de 21% de IVA.
