A pesar de que desde hace meses se venía especulando con una modificación del llamado impuesto al cheque, la propuesta de reforma del tributo impulsada por el gobierno sorprendió tanto a los empresarios que reclamaban el fin del impuesto como a los gobernadores que ahora coparticipaban en lo recaudado por esta vía.
El viernes pasado, como parte de la presentación del presupuesto 2018, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne confirmó que la propuesta oficial respecto del impuesto al cheque es la de prorrogar la ley que lo estableció (creada por Domingo Cavallo en plena crisis de 2001) hasta el año 2019 y seguir coparticipando con las provincias un 30% de los fondos, mientras que el resto será destinado al Anses y no a rentas generales, como hasta el momento.
De este modo las promesas de reducción de la presión tributaria siguen quedando para el futuro ya que a través de este tributo el gobierno espera recaudar durante 2018 unos 201.737,9 millones de pesos (1.63% del PBI). Solamente IVA y Ganancias recaudan más. El pago del 0,6% de este impuesto a los “créditos y débitos bancarios” es uno de los más cuestionados por los pequeños empresarios, que en algún momento habían incluso soñado con su eliminación.
Un efecto secundario de los cambios propuestos por el oficialismo, además de abastecer la dinámica de creciente déficit del Anses, apunta a poner en conflicto a los gobernadores que exigen aumentar la coparticipación de lo recaudado por este tributo, ya que de esta manera estarían luchando por restarle aportes al fondo de los jubilados para sus necesidades administrativas locales. De todos modos, los gobernadores insistirán con que el organismo previsional se alimente de otros impuestos y presionan para que lo coparticipado con las provincias sea el 50% de lo que recaudará el impuesto al cheque y no el 30%, como pretende Cambiemos.
