El Gobierno de Macri ya dispone de una iniciativa para reformar el Código Penal en cuatro artículos con el fin de terminar con cualquier intento de protesta social. El proyecto prevé un fuerte castigo para quienes, en cualquier manifestación, usen “elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables, objetos capaces de dañar la integridad de las personas, o bienes, o con la cara cubierta a modo de impedir su identificación”. Las sanciones serían de hasta diez años de cárcel y la policía podrá detener, en las manifestaciones, a quien no se adecue a la ley.
“No dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados. Elementos contundentes diseñados y empuñados para causar lesiones y capuchas y máscaras para ocultar la identidad y permanecer impunes no deben ser materia de interpretación, objeto de analogías impropias del Derecho Penal, o sujetas al relativismo moral o a la hipocresía descarada” es uno de los pilares en los que se apoya la flamante iniciativa del Ejecutivo.
Sobre este tema, la abogada Ileana Arduino, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), indicó a Página 12 que “es un proyecto cuyo principal objetivo es ilegalizar la protesta social y a quienes participan de ella. En realidad, cualquier manifestación pública podría ser alcanzada por esa criminalización. La convalidación social basada en prejuicios clasistas y racistas hacia los sectores populares podría estar habilitando una herramienta sumamente riesgosa porque los procesos autoritarios construyen nuevos enemigos conforme sus necesidades represivas”.
También, la letrada calificó a la modificación de “deplorable” y explicó que “se apoya en la demonización piquetera pero podría asfixiar cualquier forma de disidencia y reclamo social. Criminalizan al pueblo interpelando al poder en la calle y propone neutralizar el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, lo que también lo hace inconstitucional. Y afecta el principio de legalidad. Estas normas están redactadas con una generalidad tal que aumentan las posibilidades de punición. Violan el mandato de certeza y eso también es inconstitucional”.
