El conjunto de reformas propuestas por el gobierno de Maurico Macri en las últimas semanas implica una cantidad de negociaciones con las provincias para reducir el déficit fiscal de cada distrito y ajustarse a las pautas nacionales. La disputa por los fondos nacionales y los cambios en la coparticipación generan una sobrecarga en el presupuesto de Anses que será cubierta con la implementación de una nueva fórmula para el reajuste de las jubilaciones y pensiones de acuerdo con la inflación, que se presenta como un “ahorro” pero no es más que un nuevo despojo a los jubilados.
Las recientes negociaciones con la gobernadora María Eugenia Vidal avanzaron en la posibilidad de que la provincia retire su reclamo de eliminar el techo al Fondo del Conurbano (un reclamo por 400 mil millones anuales, que hoy se encuentra en manos de la Corte Suprema), a cambio del pago de 65 mil millones anuales extras. Durante 2016 Macri asistió a Vidal con 35 mil millones de pesos en concepto de transferencias “discrecionales” y durante este año ya se le entregaron 20 mil millones. Para 2018 se han prometido 40 mil millones y se alcanzarían los 65 mil en 2019.
Para contener los reclamos del resto de los gobernadores respecto de un trato diferencial hacia Buenos Aires, se les propuso coparticipar la totalidad del impuesto a las Ganancias, también como forma de compensar el impacto en la recaudación que generará la reducción del impuesto a los ingresos brutos.
En la actualidad se coparticipa el 64% de Ganancias y un 20% se destina al Anses (111 mil millones). El impacto de esta reducción de los ingresos del organismo encargado de la seguridad social se sumará a la prometida rebaja en las contribuciones patronales. El proyecto oficial apunta a que hacia 2022 se vayan unificando las alícuotas de aportes patronales en un 19%, lo que implica un ajuste gradual que durante 2018 implicará una pérdida recaudatoria del estado de unos 42 mil millones de pesos, según un informe de CEPA firmado por Hernán Letcher y Julia Strada. Ansés dejará de percibir más de 166 mil millones de pesos gracias a la reforma tributaria propuesta por Dujovne. Y el agujero previsional podría aumentar si se aprueba la eliminación del impuesto al cheque. Según reconoce una nota del día de hoy del propio diario Clarín “el desfinanciamiento a la ANSES podría llegar a los $219.000 millones en 2018”.
Para compensar este recorte millonario de ingresos se ha propuesto también reducir los egresos del organismo previsional, implementando una nueva fórmula de cálculo de la movilidad jubilatoria, que ahora sería ajustable por inflación y no ya por un cálculo derivado de la recaudación nacional. El reajuste implicará que las jubilaciones, pensiones y asignaciones como la AUH se reajustarán un 10% por debajo de la cifra que hubieran alcanzado con la fórmula anterior y ya no podrán ir aumentando por sobre la escalada inflacionaria como hasta el momento sino que quedarán absolutamente anclados al poder adquisitivo actual. Este ajuste es presentado desde el gobierno y sus medios afines como un “ahorro”, cuando se trata de un violento recorte de jubilaciones y pensiones destinado a que sean los pasivos quienes financien las cajas provinciales y los recortes tributarios a las empresas. El pacto fiscal lo pagan los jubilados.
Más allá de este recorte, desde el Gobierno impulsan una reforma global del sistema previsional que apunta a que el presupuesto del Anses disminuya su peso relativo en el PBI (actualmente es del 3,5%), pudiendo destinar más fondos al pago de la deuda externa. Por eso el Anses está disputado legalmente contra los fallos de Cámara que reconocen reajustes de haberes jubilatorios con índices mayores y, a tono con una tendencia mundial, se plantea la posibilidad de aumentar las edades jubilatorias. Si se aprueba la eliminación el impuesto al cheque, que podría destinar el 30% de su recaudación (60 mil millones) al organismo, podrían plantearse reformas más regresivas en el área de jubilaciones y planes sociales bajo el planteo de que el esquema actual “no es sustentable”.
