Las distintas vertientes peronistas en el Parlamento podrían buscar caminos de unidad para frenar el llamado megadecreto de Mauricio Macri, firmado en los primeros días de enero y presentado como un paquete de medidas de “desburocratización” del Estado, que derogó 19 leyes y modificó otras 140 sin trámite parlamentario, por considerar que “atenta contra la institucionalidad”.
El diputado Agustín Rossi, jefe del bloque del Frente para la Victoria, destacó ayer que la oposición tiene mayoría en ambas Cámaras y que se podría autoconvocar para lograr la derogación del DNU: “Si tenemos 129 votos, podemos hacer sesionar la Cámara de Diputados y convocar a una sesión especial para derogar el DNU”. Rossi consideró que el megadecreto “tiene un piso claro de inconstitucionalidad e ilegalidad” y convocó a la oposición a hacer funcionar el Parlamento ante el intento del Gobierno de “cerrarlo”.
También los 19 integrantes del Bloque Justicialista, presidido por el salteño Pablo Kosiner (que también preside el Interbloque Argentina Federal, suma a los bloques La Concordia de Misiones, Córdoba Federal, Todos juntos por San Juan y Justicialista por Tucumán), manifestaron su oposición al DNU por considerar que “atenta contra la institucionalidad y la transparencia” y que “el Gobierno no puede saltear al Congreso de la Nación en una reforma que contempla áreas verdaderamente sensibles para el funcionamiento del Estado y el futuro de los argentinos”. Puntualmente, el megadecreto establece cambios en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que ahora podrá operar directamente como entidad financiera, creando fideicomisos y operando con instrumentos “apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas”.
Desde el Bloque Justicialista, que también integra Diego Bossio (ex titular de ANSES), alertaron sobre los peligros que implica la modificación al FGS: “Los artículos 153 y 154 resultan claramente inconstitucionales, no se acredita ninguna urgencia ni circunstancia excepcional que amerite no cumplir con el trámite parlamentario de la sanción de la norma” (el art. 153 excluye al FGS del régimen de contratos del Estado, por lo que ya no se deberán cumplir los requisitos vigentes para las contrataciones públicas, y el 154 permite la creación de fideicomisos, con una mayor lasitud de controles). También consideraron que “estas modificaciones no conducen a un Estado menos burocrático sino que intentan alterar estructuras legales de transparencia y responsabilidad estatal que son elementales”.
El apoyo del interbloque que responde a los gobernadores peronistas será fundamental para buscar una estrategia común con el interbloque Argentina Federal del Senado que encabeza Miguel Ángel Pichetto (y unifica a 25 senadores, que representan a todo el peronismo no kirchnerista de la Cámara Alta), que sería clave para poder articular una estrategia común contra el megadecreto en ambas cámaras.
La estrategia de autoconvocatoria de una mayoría de diputados y senadores es el único camino que le queda a la oposición contra cualquier DNU, ya que gracias a una maniobra de Emilio Monzó el oficialismo se garantió una mayoría decisiva con la designación de 5 diputados de Cambiemos de los 8 integrantes de la Cámara Baja en la bicameral de Trámite Legislativo, con lo que bastará con que Gabriela Michetti desde el Senado nombre a tres integrantes para que Cambiemos tenga el control absoluto de la comisión y pueda bloquear la posibilidad de que se lleve al recinto un dictamen contra algún DNU.
