A través del abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, la Unión Cívica Radical sentó posición sobre la doctrina que intenta implementar la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tras el caso Chocobar, el efectivo procesado por asesinar a un delincuente por dos balazos en la espalda. Para la funcionaria, “el policía no es culpable, hay que invertir la carga de la prueba”.
En una columna publicada por el diario La Nación, el letrado de la UCR dejó en claro que lo que plantea Bullrich es «abiertamente inconstitucional» y recordó que «nuestro derecho positivo que ya contiene las reglas necesarias para la solución de todos estos casos, reglas que se encuentran en armonía con los principios universales en materia del uso de la fuerza por parte del Estado».
«La solución de este problema (la inseguridad) no puede sostenerse con el viejo y demagógico argumento de que la mayor punición de los delitos y el otorgamiento de más facultades a la policía mejoran la seguridad», apuntó Gil Lavedra. Acto seguido, señaló que «presumir de modo absoluto que la policía siempre está en lo correcto es abiertamente inconstitucional».
«La fuerza utilizada no puede ser discrecional ni ilimitada. El Estado, a quien representa el policía, debe usar la fuerza de modo racional y proporcional al mal que se procura evitar», continuó el ex juez del Juicio a las Juntas. También se refirió a las valoraciones que hicieron miembros del Poder Ejecutivo acerca del proceso judicial que atraviesa el policía Chobocar: «No corresponde a ningún otro poder del Estado valorar las constancias del expediente y la eventual responsabilidad del imputado. El genuino respeto a la independencia de los jueces es evitar influir en las decisiones de los jueces, dejar que libremente decidan lo que entiendan que por derecho corresponda de acuerdo con los hechos de la causa».
Por último, el miembro del radicalismo sostuvo: «Los argentinos hemos experimentado y padecido las llamadas política de mano dura o de demagogia punitiva, sabemos a lo que conducen: lejos de disminuir los niveles delictuales, generan más violencia y riesgos para los habitantes. No se debe recurrir a la ilusión del marketing político; es necesario enfrentar la inseguridad con políticas públicas integrales, estables y serias».
