El Senado pone en marcha el tratamiento de la reforma de la ley de Alquileres, luego de la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados por Juntos por el Cambio, con ayuda de otras bancadas de la oposición.
En un principio, sin embargo, la principal bancada opositora no tendría los votos ni siquiera para el quórum en la Cámara Alta. En la reunión informativa de la semana pasada, Juntos por el Cambio presionó para pasar a la firma de los dictámenes, pero desde el oficialismo pusieron un freno.
Si bien coincidieron en darle celeridad al debate, pidieron tomarse el tiempo de convocar a especialistas y representantes de los sectores involucrados, como propietarios, inquilinos, martilleros y especialistas. «Hay que escuchar a todas las partes para emitir dictamen; quiero escuchar a los involucrados, sobre todo a la parte más débil, que son los inquilinos», afirmó la senadora oficialista Juliana Di Tullio por la provincia de Buenos Aires.
Además de la media sanción de Diputados, se pondrán en consideración otros proyectos como el de la senadora riojana Clara Vega, el de la misionera Magdalena Solari Quintana, el del radical riojano Julio Martínez, el del oficialista misionero Maurice Closs y el de la radical santafesina Carolina Losada, quien propone la derogación la normativa vigente desde el 2020.
De qué tratan las modificaciones a la Ley de Alquileres
La iniciativa propone la rebaja de tres a dos años la duración de los contratos de alquiler y habilita la actualización cuatrimestral del precio dejando que las partes «acuerden libremente» el criterio del aumento. Además, rehabilita los pagos por adelantado a pedido del locatario, entre otras reformas.
La modificación de los criterios para aumentar el alquiler es el punto que más debate genera. La nueva ley disolvería el Índice para contratos de Locación (ICL), que toma en partes iguales las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para establecer el porcentaje.
Uno de los puntos que el Frente de Todos no está dispuesto a negociar tiene que ver con los tres años de duración de los contratos que consagra la ley actual ya que consideran que volver a los dos años de plazo solo contribuiría a generar inestabilidad en las familias de inquilinos, impidiéndoles la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida.
También cuestionan la habilitación para que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pagos anticipados, el tratamiento similar a las viviendas respecto de los contratos de locales comerciales donde consideran que no hay conflictividad, y la falta de una referencia para establecer los montos de los alquileres.
Este último punto es una preocupación compartida con Unidad Federal, el bloque de seis senadores del peronismo disidente, que está conformado por Guillermo Snopek, Eduardo Kueider, Carlos «Camau» Espínola, María Eugenia Catalfamo y Alejandra Vigo.
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Cómo viene el poroteo para la aprobación en el Senado
Si logra el quórum, la oposición puede llegar a concretar su objetivo. Para llegar a los 37 votos con los que se aseguraría la aprobación, Juntos por el Cambio debe sumar a sus 33 senadores y a otros cuatro votos más.
Desde la oposición confían en que el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, votaría a favor, así que solo le restarían conseguir tres más. Para conseguirlos, los ojos están puestos en el bloque Unidad Federal, compuesto por cuatro peronistas que pertenecían al Frente de Todos (el jujeño Guillermo Snopek, el correntino Carlos «Camau» Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider y la puntana Eugenia Catalfamo), y la esposa de Juan Schiaretti, Alejandra Vigo. Para su apoyo, será fundamental que se ponga en consideración el pedido del bloque, de establecer con claridad el criterio del aumento.
Por su parte, en caso de que no se apruebe, el Gobierno nacional analiza la posibilidad de suspender por 180 días la actual ley a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), volviendo al sistema de alquileres que existía antes de la sanción de la norma actualmente vigente.
En caso de que las modificaciones obtengan la sanción definitiva en el Congreso, el presidente de la Nación tiene la opción de vetar la ley.
