A partir de este lunes, el Senado, en distintas comisiones, comienza a debatir el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobado el viernes por la Cámara de Diputados.
El plan de trabajo es que a partir de la semana próxima se lleven a cabo cuatro plenarios de las comisiones que ya poseen la iniciativa: Banca de la Mujer; Justicia y Asuntos Penales y Salud.
En principio, el lunes, desde las 14, fueron citadas las comisiones para escuchar las opiniones del ministro de Salud, Ginés González García; de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. El oficialismo espera lograr dictamen en los próximos días y aprobar el proyecto el martes 29 de diciembre.
Recuentos extraoficiales apuntan a que la legalización del aborto tendría 36 votos a favor y 35 en contra, mientras que queda un senador que no definió su posición. Si Cristina Kirchner debe desempatar en su calidad de titular de la Cámara alta el voto será a favor, repitiendo el apoyo a la propuesta que realizó en 2018.
No obstante, fuentes parlamentarias muestran cautela y expresan que todavía hay indecisos tanto en el Frente de Todos como en la oposición. Incluso, se especula con que legisladores que en 2018 votaron en contra podrían rever su posición y apoyar la propuesta que ya cuenta con media sanción.
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Cabe recordar que el proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.
El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución, según contempla el proyecto.
