El Servicio Penitenciario Federal presentó a diversos magistrados del fuero penal un escrito en el que sugiere se le conceda la libertad a diversos detenidos por delitos de lesa humanidad, entre los que se cuentan el ex jefe de Inteligencia de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el torturador Julián Simón ( alias “Turco Julián”), el médico naval Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti y el ex capellán Christian Von Wernich. El argumento para su liberación es la superpoblación de los establecimientos carcelarios.
La información fue revelada originalmente por el diario infobae, citando un escrito del 31 de enero presentado por Fernando Martínez, director general del Régimen Correccional del SPF, ante el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a cargo del juez de Casación Gustavo Hornos. El texto propone beneficiar a 1111 detenidos con el régimen de prisión domicilaria o tobillera electrónica.
El listado de detenidos apunta específicamente a “internos de lesa humanidad mayores de 70 años”, a detenidos “autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales” y a personas discapacitadas e “internas alojadas con hijos”. Según se argumenta en el escrito, la propuesta se basa en un planteo de la Corte Suprema ante el Ministerio de Justicia para descomprimir las cárceles federales en las que se registran 11.994 detenidos sobre una capacidad de 11.577. La solicitud también fue girada a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y al ministerio de Germán Garavano.
Además del “Tigre” Acosta, el “Turco Julián” y otros represores, se incluía en la propuesta de excarcelación a Guillermo Fernández Laborda, un integrante del famoso Clan Puccio. Los delitos cometidos por estos condenados van desde múltiples homicidos, torturas, desaparición de personas y violaciones. Además de los represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, se incluyen 106 integrantes del colectivo LGBTI, 70 discapacitadas, 25 embarazadas, 421 mujeres con hijos recién nacidos y hasta de 10 años y, finalmente, otras 347 que podrían acceder a un régimen de libertad condicional.
Aunque desde la Justicia hay preocupación por lo que se ve como una intención de Cambiemos de traspasarle a los jueces un problema de superpoblación generado por medidas aprobadas por el oficialismo, con la ley de flagrancia, desde el Gobierno justificaron la propuesta. Según consigna Página 12, un funcionario del área penal explicó: “Tenemos reuniones con jueces desde enero de 2016 para informales quiénes son los presos que están en condiciones de acceder a la pulsera electrónica. Son todos los que están en condiciones. Ese listado se va actualizando y el objetivo es descomprimir la superpoblación que hay en las cárceles y lograr una mejor reinserción del detenido, porque quien tiene pulsera electrónica cuenta con un asistente social y un psicólogo que los asiste”.
