Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasi, ordenó una investigación al presidente Jair Bolsonaro, tras unos dichos en los que aseguraba que aquellos que se vacunan contra el coronavirus tienen más posibilidad de presentar inmunodeficiencias contra el Sida.
Es una respuesta a la comisión parlamentaria que investigó los posibles delitos que habrían cometido el gobierno de Bolsonaro durante la gestión de la pandemia, entre ellos el de difusión de noticias falsas.
El pasado 22 de octubre, durante una de sus intervenciones semanales en redes sociales, el presidente Bolsonaro sugirió que “los vacunados contra el coronavirus “están desarrollando el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida”, basándose en uno supuestos informes de las autoridades de Reino Unido.
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La afirmación del mandatario fue rápidamente rechazada por parte de las autoridades médicas brasileñas por “falsa y absurda”. El presidente de la agencia del medicamento (Anvisa), Antonio Barra Torres, tuvo que aclarar que las vacunas contra el coronavirus no están relacionadas con la aparición de otras enfermedades.
Algunos días después de las palabras de Bolsonaro, Facebook retiró el video de sus plataformas, por considerar que violaba sus políticas que prohíben “alegar que las vacunas contra el coronavirus matan o pueden causar daños graves”.
Ese fue el segundo video que la empresa le retiró a Bolsonaro, después de una grabación de marzo de 2020 en la que el presidente brasileño promocionaba el uso de la cloroquina, un fármaco contra la malaria, para tratar de manera preventiva el coronavirus, a pesar de que la ciencia ha demostrado no solo que es ineficaz, sino que también podría ser contraproducente en algunos casos.
El informe final de la comisión parlamentaria que investigó la gestión de Bolsonaro durante la crisis sanitaria propuso, además de prohibirle las redes sociales para que dejara de difundir noticias falsas, acusarle de nueve delitos, entre ellos el de lesa humanidad, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos y charlatanería, figura que recoge el Código Penal para castigar a quienes promocionen remedios secretos contra enfermedades.
