Pese a que se promulgo la ley que garantiza, en forma permanente y de manera gratuita, el suministro del servicio eléctrico en el domicilio de aquellas personas que lo requieran para el uso de equipos médicos por cuestiones de salud debidamente certificadas; la misma abarca en principio sólo a los usuarios de Edenor y Edesur, a la espera de que las provincias se adhieran a la misma.
Mientras eso no ocurre, se dan casos como el de EC SAPEM, empresa distribuidora de energía eléctrica de Catamarca, la cual le cortó por falta de pago el servicio a un usuario electrodependiente.
El niño de 5 años está conectado a tres aparatos eléctricos y su madre, Andrea Castillo González, envió dos cartas a la empresa, la cual le respondió que hasta que la provincia no se adhiera serán tratados como un usuario común.
En abril se aprobó en el Senado la iniciativa impulsada por el diputado del FPV, Carlos Castagneto, que contempla crear un Registro Nacional para que el Estado pueda protegerlos de forma integral.
“Con la sanción del Senado los electrodependientes tendrán una política de Estado que los proteja y ya no dependerán de la buena voluntad de algunas distribuidoras de electricidad. A partir de mañana no podrán cortarles la luz y poner sus vidas en riesgo” aseguró en su momento el diputado.
Lamentablemente, la lentitud del gobierno en instrumentar los medios para que se apliquen, y la indiferencia de los gobiernos provinciales en adherirse hacen que la misma aun no proteja a quienes lo necesitan.
